El Sindicato de la Policía Local (SPL) de Cádiz ha vuelto a requerir a esta Administración que no autorice la adjudicación de ese cometido, al creer que la medida “no se ajusta a derecho”. Sin embargo, desde el departamento que dirige Sebastián Saucedo declinaron ayer hacer declaraciones sobre esta cuestión. Al menos, hasta que se desarrolle la Junta Local de Seguridad, donde se acuerde el dispositivo a poner en marcha durante la fiesta.
La polémica en torno a este asunto ha saltado otra vez a raíz de la nueva petición del SPL, en la que insta al subdelegado a “no mirar para otro lado y continuar desentendiéndose”. No en vano, son muchas las reclamaciones que este sindicato ha presentado ya con el fin de evitar que guardias jurados desempeñen unas labores, a su entender, exclusivas de los agentes municipales. De hecho, hace 15 meses denunció ante Subdelegación al propio Ayuntamiento gaditano y a la empresa adjudicataria. Y a pesar del tiempo transcurrido, “aún no tenemos ninguna noticia sobre el expediente”. Así se lamentaba ayer en las páginas de este medio el secretario general de la organización, Francisco Rama.
El SPL considera, además, que su reivindicación cuenta con más respaldo a partir de la respuesta ofrecida en junio por el Defensor del Pueblo Español a su queja. Tras admitirla a trámite, dicha institución solicitó información a la Delegación del Gobierno en Andalucía. Y ésta le remitió un informe donde se manifestaba “no haber autorizado en ningún momento servicios de seguridad privada en la vía pública, a excepción de polígonos industriales o urbanizaciones aisladas”. Pero no se hablaba de playas. De ahí que Rama crea que el subdelegado “ha estado saltándose hasta ahora la ley, salvo que demuestre lo contrario”.
