Las palabras del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, afirmando que la comunidad andaluza será el refugio de empresarios ante las recetas económicas de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no pueden enmarcarse en una vacua respuesta de argumentario. Ni mucho menos. Estas declaraciones van mucho más allá: anticipan un clima irrespirable de confrontación entre el ejecutivo andaluz y elprevisible gobierno nacional de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos. El presidente Moreno tiene todo el derecho del mundo de erigir Andalucía como alternativa a las políticas estatales, pero al garantizar que convertirá la comunidad más poblada de España en parapeto ante la presión fiscal, la burocracia y el intervencionismo del consejo de ministros de socialistas y podemitasmucho me temo que aventura una estrategia bien definida desde San Telmo para echar culpa de todo o casi todo a Madrid si la gobernanza andaluza no da los resultados prometidos a la ciudadanía en las pasadas elecciones autonómicas. Llevamos casi un año escuchando en las comparecencias del consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, consejo de gobierno tras consejo de gobierno, mirar machaconamente por el espejo retrovisor y denunciar la herencia recibida. Tanto han estirado el chicle que han forzado hasta extremos ridículos e incluso indecentes como la falsa denuncia sobre las vacunas fantasma que ha sido refutada por técnicos y sanitarios. Así las cosas, el guion de las relaciones entre Sevilla y Madrid ya parece estar perfectamente diseñado por el todopoderoso portavoz del Gobierno andaluz: financiación autonómica, presupuestos de 2020 y conferencia de presidentes. Ya encontrarán agravios de recursos, inversiones y fechas para responsabilizar en estas materias al Palacio de la Moncloa. Otros consejeros, en estos casos de Ciudadanos, ya han puesto también tareas al gobierno aún inexistente: un Plan Especial de Empleo para Andalucía que saludo con fervor -aunque el PP no lo concedió a nuestra comunidad y sí a Canarias, y Cs ni siquiera se comprometió para estas pasadas elecciones generales-, y atentos al choque de trenes con la libre elección de centros que defiende el consejero de Educación, Javier Imbroda, y rechaza de plano la ministra del ramo. Aun así, pese a las evidencias de esta estrategia de confrontación, bien haría el nuevo Gobierno central en no darle motivos reales al ejecutivo andaluz para quejarse con motivo porque entonces serán los andaluces los que no le perdonarán ser de nuevo diana del castigo, el olvido o la discriminación que tantas veces hemos sufrido aquí. Habrá que estar vigilantes ahora que el ejecutivo nacional tendrá que satisfacer tantos intereses de partidos regionalistas que venderán a buen precio su voto a Sánchez.