El Gobierno liquidará los 784 millones de euros pendientes de la deuda histórica que tiene con Andalucía mediante la transmisión a la Junta de la agencia de titularidad estatal Agesa, que gestiona los activos de la Expo'92, y una serie de solares en varias provincias andaluzas, entre ellos algunos bienes en Cádiz.

Según explicó ayer en Madrid, tras la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales, la consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, Carmen Martínez Aguayo, el listado definitivo de los bienes y solares se hará público en próximas fechas, aunque avanzó que , además de la transmisión de Agesa, la Junta dispondrá de los terreros de El Toyo I y el Toyo II, en Almería, y de algunos otros de interés en Cádiz capital.

La consejera, que no pudo ocultar su satisfacción por el acuerdo, destacó la importancia de la transmisión de Agesa que es una sociedad, dijo, que además de estar muy saneada y producir beneficios todos los años (este último alrededor 6,7 millones), se encuentra en un enclave único.

Recordó que se trata de un recinto de 153.000 metros cuadrados que alberga edificios emblemáticos, como el Teatro Central o el pabellón que representó a España en la Expo 92, cuyo valor en su conjunto es superior a 300 millones de euros.

A pesar de que la liquidación definitiva de la deuda histórica no contempla el pago en metálico de ninguna cantidad, Aguayo destacó que el traspaso de Agesa permitirá un importante resultado económico, al "ir más allá en lo que es generación de euros contantes y sonantes" porque los beneficios qué tiene cada año son "contantes y sonantes", reiteró.

La titular de Economía de la Junta explicó además que con la transmisión de los terrenos, sobre los que no quiso dar muchos detalles, se podrán construir alrededor de 4.000 viviendas en Andalucía.

También se acordó en la reunión con el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, hacer una nueva valoración de todos los bienes que se van a transferir con el fin de que se ajuste a la deuda histórica.

De haber discrepancias con la nueva tasación, apostilló la consejera, se contratará a un tasador independiente con el fin de que se cumpla fielmente con lo adeudado.

La consejera da por cumplida la deuda

La consejera, que dio "por cumplida" la liquidación de la deuda que tiene el Estado con Andalucía", subrayó que cumple con lo que dice el Estatuto de autonomía y los plazos que se fijan en el mismo.

Aunque no quiso dar más detalles de los terrenos que se van a transferir sí que avanzó que no estarán en las provincias de Málaga y Córdoba, puesto que en éstas no hay tanta necesidad de obtener suelo para viviendas.

Destacó el hecho que se obtengan solares en Cádiz (capital), que son de gran interés para la Junta de Andalucía, dada la dificultad que hay para tener suelo en esta provincia.

Recordado que el Estatuto de Andalucía determina que, en el plazo máximo de tres años desde su entrada en vigor, es decir, antes del 20 de marzo, se debe hacer efectiva la cantidad acordada en la Comisión Mixta.

En la reunión se fijó en 1.204,41 millones la cuantía definitiva de la deuda del Estado con Andalucía.

De esta cantidad, el Gobierno ya abonó 420,20 millones de euros en dos pagos realizados en 1996 y en 2008: en el primero la Junta percibió 120 millones de euros y en el segundo 300 millones de euros, mientras que los 300 millones que se consignaron para 2009, según la nota de prensa que distribuyó el Ministerio de Economía y Hacienda, “se instrumentó como anticipo de tesorería”.

El PP recurrirá el acuerdo

Javier Arenas, presidente del PP-A, advirtió ayer al presidente de la Junta que el capítulo de la deuda histórica no se cerraría con el acuerdo de liquidación en solares, sino tendrá un largo recorrido en las instituciones y en los tribunales.

Según apuntó posteriormente, en primer lugar llevarán al Pleno una moción de rechazo del acuerdo para que el Parlamento se pronuncie. Además, los servicios jurídicos estudiarán dos vías de reclamación: una denuncia en el contencioso-administrativo del acuerdo que fija el pago en solares y otra al Tribunal Constitucional, en este caso por la inexistencia en los Presupuestos Generales del Estado de las asignaciones por deuda histórica que marca el Estatuto.