El primer edil de Cádiz, José María González, Kichi, está convencido de que es preciso abordar a nivel autonómico el debate sobre la creación de una tasa turística, tal y como ha demostrado al defender en el Pleno municipal la iniciativa, tratar de encontrar (y hallar) alianzas al respecto con los alcaldes de Sevilla y Málaga, del PSOE y el PP, respectivamente, y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) recientemente para presionar a la Junta de Andalucía a estudiar la viabilidad de la misma. Pero en el debate celebrado en el Pleno de la Diputación Provincial de Cádiz, a instancias de una moción de AxSí, Kichi advirtió de que términos en los que se lleve esa reflexión no puede reducirse a tasa turística sí o tasa turística no. “El objetivo no es recaudar, sino que el gravamen sirva para poner coto al “turismo de pulserita, low cost y masificado” y fomentar un turismo “de convivencia y sostenible”, sostuvo.
María Barrero, arquitecta e investigadora contratada en el Departamento de Geografía Humana de la Universidad de Sevilla (UA) que participa en estudio dirigido por Ibán Díaz Desarrollo urbano e impactos socioespaciales del sector turístico en grandes ciudades andaluzas (concretamente Sevilla, Málaga, Granada, Córdoba y Cádiz), da la razón a Kichi. “El debate en torno a la tasa no aborda el problema de fondo”, apunta, ni su aplicación “ataja las prácticas depredadoras de la turisficación”, sino que “las justifica”. En este sentido, señala que la recaudación en las Islas Baleares se destina a campañas turísticas y otros fines ajenos a la rehabilitación del patrimonio natural o histórico y el refuerzo de los servicios públicos.
“Hacen falta otras medidas que preserven el espacio público” de una actividad turística desmedida. La capital gaditana, por ejemplo, amplió el lugar reservado para las terrazas y veladores tras la pandemia de Covid-19. El alcalde socialista, Antonio Muñoz, defiende la imposición de la tasa, pero, sin embargo, mantiene las autorizaciones excepcionales para bares y restaurantes y las principales calles de Sevilla están atestadas de mesas y sillas, lamenta Barrero.
La experta en urbanismo también defiende la limitación de viviendas con fines turísticos. Y, si bien Sevilla ha tomado decisiones al respecto, o Cádiz, con polémica puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), “es insuficiente”. Es preciso “devolver la competencia al Estado, tras la transferencia a las autonomía en 2013” para que la actividad se rija de acuerdo a la Ley de Arrendamiento Urbano, mucho más exigente al respecto que la laxa normativa autonómica, agrega.
Hay casos en los que la intervención debe ser radical, como en El Perchel, en Málaga, donde la especulación inmobiliaria con fines turísticos podría llevar al desalojo de medio centenar de familias. El grupo Dazia Capital adquirió una zona edificable con unos 17.000 metros cuadrados en el barrio que quiere convertir en apartamentos turísticos.
Los afectados se han organizado en la Plataforma El Perchel No se Vende, advirtiendo de que no están dispuestos a realijarse en cualquier parte de la ciudad ni a firmar un nuevo contrato de alquiler temporal de las viviendas que están proyectadas. El portavoz de la entidad, Enrique Gutiérrez, advierte de que ya hay al menos una orden de desahucio y exige al Ayuntamiento seguridad jurídica para los vecinos ante los intereses de la empresa privada.
