Que Irene Montero, ministra de Igualdad, sostenga, a estas alturas, que la denominada Ley del sí es sí es buena y no tiene fallos es escandaloso. ABC publicó este sábado que la norma ha beneficiado ya a uno de cada diez delincuentes sexuales en prisión, con más de 400 agresores con rebajas de penas y otros 29 excarcelados. El PSOE está molesto. Es ostensible. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dedicó más de dos tercios de su intervención este viernes, en Cádiz, donde participo en la firma de un protocolo para construir 800 viviendas, la mitad protegidas, a tratar de explicar, sin éxito, la crisis que afronta el Gobierno de coalición. Montero, la de Hacienda, no tiene el don de la palabra. Lo demostró nuevamente al ser incapaz de aclarar por qué los socialistas han dado de plazo hasta el martes a sus socios para cerrar el acuerdo de reforma de la ley y quiso convencer de que Unidas Podemos coincide en que, efectivamente, preocupan las consecuencias indeseables de su aplicación cuando Montero, la de Igualdad, le enmendó la plana.
El asunto es espinoso e incómodo. Al respecto, Jordi Nieve-Fenoll, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona, apuntó en El País, también este sábado, que, la clave del debate está centrado en la credibilidad de la víctima, pero advierte de que “quien afirma ser víctima es una fuente de prueba valiosa” en un proceso judicial, “pero sus declaraciones no son, ni mucho menos, el único dato a considerar”. Y añade: “En realidad y en puridad estrictamente científica, la declaración de la víctima, o del reo, son las que precisamente aportan información más precaria”. Finalmente, remata: “No podemos hacer descansar todo el peso del enjuiciamiento en el interrogatorio de una persona que bastantes desastres puede haber sufrido ya”.
El catedrático abunda en que “los detalles deben ser probados, y ello significa que debe aportarse a los jueces dados que les permitan establecer racionalmente su convicción de manera certera”, entre estos, “la violencia o intimidación empleadas por el agresor, dictámenes médicos de lesiones física o vestigios biológicos compatibles con una agresión sexual violenta”. También, agrega, testigos de los hechos, vídeos, mensajes de textos, localizaciones de teléfonos móviles o dictámenes psicológicos.
Unidas Podemos ignora todo esto por una cuestión ideológica que deslegitima la labor judicial. El debate público está contaminado por prejuicios. “La convicción judicial no es un pálpito o una corazonada; es una muy compleja labor epistémica”, defiende Nieva-Fenoll en El País. Pero en redes sociales, en la barra de un bar, resulta casi imposible apelar a la reflexión. Montero, la de Igualdad, no solo hace un flaco favor a la Justicia. Despierta, además, reacción airada de los que se hallan en el otro extremo del espectro político que extienden miserablemente la idea de que la denuncia falsa es norma, cuando no lo es. La política visceral, populista, de unos y otros, crispa y cuestiona la calidad democrática. No caigamos en la trampa. El PSOE debe ser firme en su respuesta. El PP debe mostrar alturas de miras y facilitar la salida en las Cortes Generales de un embrollo que está causando mucho dolor y una justificada alarma social. Con el resto de partidos no se puede contar. Los independentistas se alinearán de un lado u otro según lo que puedan ganar. Y a Vox le conviene de forma irresponsable que la tensión entre los socialistas y Unidas Podemos siga creciendo para justificar una posible (y marciana) moción de censura esta misma semana contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, encabezada por el economista y ex dirigente del Partido Comunista de España (PCE) Ramón Tamames. ¿Será posible que, por una vez, prevalezca el interés general, que las víctimas probadas recuperen la paz, los agresores condenados cumplan su condena, al tiempo que se refuercen las medidas preventivas y de reinserción? ...Y aún queda por tramitar la Ley Trans.
