Amnistía Internacional (AI) considera que los obstáculos jurídicos, jurisdiccionales y políticos contribuyeron a perpetuar la impunidad en América en 2009, según su último informe sobre los derechos humanos presentado ayer en Londres.

Entre las investigaciones obstaculizadas, fracasadas o con pocos avances AI cita en México la causa por genocidio contra el ex presidente Luis Echeverría, las investigaciones sobre torturas, homicidios y desapariciones en la dictadura en Brasil (1964-1985) y el procesamiento de responsables de violaciones de derechos humanos cometidas en la guerra contra el terror emprendida por EEUU.

La organización no gubernamental recuerda que el gobierno en EEUU de Barack Obama, pese a algunas medidas positivas, no cumplió su promesa de cerrar en un año, que se cumplió en enero pasado, el centro de detención de Guantánamo, y denunció que “la política interna de los partidos se impuso a los derechos humanos de los detenidos”, unos 240.

Además, critica que EEUU mantuviera las reclusiones en la base aérea de Bagram (Afganistán) y que no garantizara la rendición de cuentas y reparación por las violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de la lucha antiterrorista desde septiembre de 2001.

En el resto de América, “las leyes de amnistía continuaron obstaculizando diversas iniciativas puestas en marcha en El Salvador, Brasil y Uruguay para pedir cuentas a los responsables” de violaciones de derechos humanos, según AI.

En toda la región víctimas, familiares y defensores de los derechos humanos “seguían haciendo frente a las amenazas y los actos de acoso e intimidación” y luchaban para que los gobiernos y los grupos armados cumplieran su obligación de respetas las normas nacionales e internacionales, subraya la ONG.

Sin embargo, cita como avances en Latinoamérica la primera condena por violación de derechos humanos de un presidente elegido democráticamente, el peruano Alberto Fujimori, a 25 años de cárcel por torturas, desapariciones y asesinatos cometidas por agentes que estaban bajo su mando en 1991.

También destaca el juicio contra el ex presidente de Surinam Desiré Bouterse por el homicidio en 1982 de 13 civiles, y la condena a 25 años de prisión al ex presidente de facto uruguayo Gregorio Álvarez por el secuestro y homicidio de 37 activistas en 1978 en Argentina.

AI añade que la Audiencia Nacional de España acusó formalmente en enero de 2009 a 14 militares salvadoreños de terrorismo de Estado y crímenes de lesa humanidad por el homicidio de seis jesuitas y dos mujeres cometido en 1989.

La ONG recuerda, además, que un tribunal de EEUU dictaminó que había motivos para juzgar al ex presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada y a su ex ministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín en un caso relacionado con presuntos crímenes de lesa humanidad y asesinatos.