La viuda del cantautor, Alicia Sánchez, y sus hijas, Amaranta y Paloma Cano, interpusieron la denuncia el pasado verano tras realizarse una auditoría en la sociedad Dalur, discográfica de Cano, en la que no quedaba acreditado el destino de 1.200.000 euros que la empresa ingresó en los años en que el abogado y amigo de la familia la controlaba tras la muerte del cantante.
Según la revista Anoche tuve un sueño, cuando la familia tomó posesión de las cuentas de Dalur “sólo quedaban algo más de 4.000 euros”, por lo que emprendió acciones legales contra el letrado, quien en 2005 cesó como consejero delegado de la sociedad, y que está imputado por presunta gestión desleal.
Amaranta ha asegurado que Rosales les dijo que “él se ocuparía, que el dinero que había era para pagar las deudas”.
