El equipo de Gobierno de la Diputación de Cádiz trató de dar carpetazo a la polémica suscitada por la modificación presupuestaria 64/2023 por valor de 31,5 millones de euros procedentes de la liquidación del presupuesto de 2022 para financiar inversiones en una docena de ayuntamientos en el Pleno del 22 de noviembre pasado.
Sin embargo, el entonces portavoz del grupo socialista, Juan Carlos Ruiz Boix, insistió en su intervención que la elección de los proyectos para financiar nuevas inversiones este año de ayuntamientos y entidades sociales, culturales y deportivas benefician en un 93,88% a los gobernados por el PP y La Línea 100 por 100 de forma “arbitraria y discrecional”, dado que El Puerto, Algeciras y Jerez, con Germán Beardo, José Ignacio Landaluce y María José García-Pelayo, del PP, como alcaldes, suman, por su parte 7, 5,1 y 4,2 millones, y que, por lo tanto, se había producido una presunta vulneración del principio de publicidad de subvenciones “para que nos enteremos todos” de que existían fondos disponibles, y no que el reparto del remanente “se haya realizado mediante llamadas a alcaldes”.
Ruiz Boix, que había advertido de que llevaría el asunto a la Justicia, no confirmó posteriormente, sin embargo, la presentación de recurso contra el acuerdo alcanzado en aquella sesión plenaria, en la que el equipo de Gobierno tumbó, además, las alegaciones del PSOE.
Pero lo hizo. El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha publicado este jueves un anuncio que informa de que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Cádiz está tramitando un procedimiento ordinario a instancias del también secretario general de los socialistas en la provincia por el expediente de marras y emplaza a los posibles interesados, en este caso la institución provincial, para que, si lo estiman conveniente, se personen como demandados en un plazo de nueve días.
“Hay que agotar todas las vías judiciales”, ha explicado la actual portavoz del PSOE en Diputación, Ana Carrera, a VIVA CÁDIZ. “Desestimadas nuestras alegaciones, recurrimos al juzgado, es un paso más” para anular el reparto del dinero público que, reitera, “se hizo sin concurrencia competitiva y sin especificar la singularidad por la que se financiaban determinados proyectos de forma excepcional”.
Carrera no descarta que, si el contencioso administrativo se muestra conforme con el expediente, dado que no entrará a valorar en el fondo, el PSOE recurra a fiscalía.
“Diputación debe estar para atender a los municipios con igualdad y sin sectarismo, debe poner en marcha los proyectos que la provincia necesita, no solo los que el PP necesita electoralmente”, sostiene.
Y advierte de la “incoherencia” de distribuir los fondos con cargo al remanente sin cumplir con la ley de subvenciones, en su opinión, a que los populares aprueben una moción socialista en febrero en la que se insta al equipo de Gobierno a seguir la norma.
