El anuncio del Ayuntamiento de que la empresa municipal Aguas de Cádiz, que se abastece del agua que le proporciona el Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana (CAZG), va a actualizar las tarifas del agua en Cádiz con un incremento medio en la factura de 2,4 euros al mes en función del consumo tras el aumento del coste del agua en alta por parte de este organismo, ha levantado duras críticas por parte de la oposición.
El secretario general del PSOE y concejal socialista, José Ramón Ortega, ha lamentado que, con Bruno García como alcalde, “Cádiz seguirá teniendo una de las aguas más caras de España”.
Ortega ha recordado, por medio de una nota de prensa, que existe un acuerdo plenario del pasado mes de junio a propuesta del PSOE en el que se aprobó que el Ayuntamiento trasladase al Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana la petición de paralizar la subida anunciada.
“El que dice ser el alcalde más social prefiere, en lugar de defender los intereses de los gaditanos, subir la tarifa del agua y tapar las vergüenzas del PP en la Junta de Andalucía”.
Respecto a la razón empleada por el PP para la subida del agua, la relativa a que las tarifas no se habían revisado desde hace varios años, ha argumentado que “no hay nada que revisar, Cádiz tiene una de las aguas más caras de España desde los tiempos de la gestión descontrolada del PP en Aguas de Cádiz, y aun así insisten en querer subir el agua para que los gaditanos paguen lo que no paga la Junta”.
“Lamentablemente la falta de sangre del alcalde para reclamar a la Junta de Andalucía las infraestructuras en materia de ahorro de agua que le debe a Cádiz la terminamos pagando los gaditanos y gaditanas”, ha indicado, por su parte, David de la Cruz, portavoz de Adelante Izquierda Gaditana, en comparecencia ante los medios de comunicación.
De la Cruz ha hecho hincapié en que las tasas no se subían desde 2014 y ha criticado haberse enterado a través de la prensa sin haber sido informados previamente en el Consejo de Administración de Aguas de Cádiz, que se celebra nuevamente este viernes, “en un nuevo ejemplo de rodillo autoritario al que ya nos tienen acostumbrados” sin permitir que los miembros de este órgano competente puedan hacer sus aportaciones a la empresa municipal.
José Manuel Cossi, presidente de la empresa municipal, ha respondido a la oposición que el incremento en la factura “era inevitable”, tras la decisión del CAZG.
“Lo hemos retrasado lo máximo y hemos intentado evitar lo máximo posible el impacto en el bolsillo de los gaditanos”, ha añadido en declaraciones a VIVA CÁDIZ.
De hecho, ha remarcado, el 64% de las familias gaditanas pagará de media 2,4 euros más, mientras que el 16% afrontará un encarecimiento del recibo de entre 2,8 y 2,9 euros. Asimismo, ha insistido en que se va a aplicar una tarifa especial para las familias numerosas que cumplan los requisitos de la Junta de Andalucía, habrá un incremento en la partida de Garantía del Derecho Humano del Agua, Suministro Mínimo Vital y Fondo Social Solidario, al pasar de 75.000 a 335.000 euros; y se mantienen otras ayudas para familias vulnerables y pensionistas, no sé cortará el suministro de agua a familias necesitadas y se ofrecerán planes de pago personalizados.
Y ha explicado que, si Aguas de Cádiz no repercutiera la subida del agua en alta por parte del CAZG, que se hará en dos partes, primero en octubre y luego en enero, vería comprometida su viabilidad.
Cossi estima que la empresa municipal tendría que afrontar unas pérdidas anuales de al menos 1,5 millones de euros. De hecho, este ejercicio se cerrará en negativo, ha advertido, apuntando a lo sucedido en el mandato anterior con Eléctrica de Cádiz y la crisis energética.
Finalmente, ha remarcado que esta actualización de tarifas incorpora la relación de viviendas con fines turísticos de junio de 2024 para que se les aplique a todas la tarifa industrial-comercial a todas aquellas viviendas que se encuentran en el Registro Oficial de Viviendas de Uso Turístico de Andalucía.
Aguas de Cádiz además, va a estudiar la posibilidad de modificar la ordenanza para crear una nueva tarifa específica para las citadas viviendas con un mayor gravamen que la referida industrial-comercial para incentivar el uso residencial y no turístico de las actuales VFT registradas, concluye.
