Al respecto, el edil de Urbanismo ha resaltado que “se trata de un problema social y no de un problema urbanístico el que tenemos hoy en día en Chiclana. Cuando las viviendas afectadas son unas decenas, el problema es urbanístico, pero cuando hay 40.000 viviendas irregulares en nuestro municipio, este problema es social”, añadiendo que “prueba de ello son las dos manifestaciones que promovió la Plataforma de Afectados por la Regularización de viviendas, que sacaron a la calle 7.000 personas en dos ocasiones”.
También ha subrayado el portavoz que “no podemos soslayar la dilatada historia que lleva aparejada la aparición de 40.000 viviendas ilegales en Chiclana que, desde luego, no han aparecido de la noche a la mañana. Por tanto, estamos ante un problema creado fruto de haber mirado hacia otro lugar durante décadas”.
Asesorarse correctamente
Andrés Núñez ha sido muy claro y contundente al afirmar que “aconsejamos a los afectado por las sanciones urbanísticas que se pongan cuanto antes en manos de profesionales del Derecho y expertos en urbanismo, que conozcan a la perfección los procedimientos de sanciones urbanísticas y que puedan, en consecuencia, asesorar de manera clara y transparente sobre los pasos que deben dar los afectados para solucionar sus graves problemas”.
En este sentido, el edil de Urbanismo ha resaltado que “resulta francamente perjudicial para los chiclaneros afectados por estas sanciones que reciban ahora un mal consejo o se dejen guiar por personas que no tienen claro el procedimiento al que se están sometiendo, lo que puede conllevar un falta de iniciativa y defensa legal que les perjudique aún más en un futuro próximo”.
Mijas
El portavoz del equipo de gobierno ha explicado con claridad cuál es la situación urbanística en Mijas, que se trata de una de las principales bazas de la Plataforma de Afectados por las Sanciones Urbanísticas para condonar dichas multas. Núñez ha especificado que “una vez puesto en contacto con Mijas, éstos me han trasladado de forma clara que allí no se está condonando absolutamente ninguna sanción urbanística. Únicamente se está llevando a cabo un proceso muy similar al que en Chiclana hemos iniciado en las Áreas de Gestión Básica, que permite convertir una porción de terreno municipal de suelo no urbano a suelo urbano no consolidado”, repitiendo que “en ningún momento se están paralizando o perdonando en el municipio malagueño estas sanciones urbanísticas”.
Por otra parte, respecto al poder de paralización de sanciones por parte del equipo de gobierno, el edil de Urbanismo se ha vuelto a mostrar muy claro, al explicar “¿puede un gobierno local perdonar una sanción? La respuesta es no. Un equipo de gobierno local no tiene la potestad o herramientas legales para decidir de forma discreccional sobre las sanciones urbanísticas impuesta por una ley autónomica”, añadiendo que “precisamente a estas imprecisiones nos referimos cuando alegamos que se está malinformando a la ciudadanía y que esto puede conllevar un grave perjuicio para sus interés legales”.
Al respecto ha afirmado que “una prueba clara e irrefutable sobre dicha falta de poder local reside en Sanlúcar de Barrameda, donde el Tribunal de Cuentas reclama el abono de 650.000 euros a los concejales de dicha corporación por perdonar sin base legal alguna estas sanciones urbanísticas”.
