Más de 200 fiscales han firmado un escrito de apoyo a la fiscal general del Estado, a María José Segarra, como respuesta a las críticas que ha recibido por su trabajo en el juicio del procés, en el que respetó el criterio de los fiscales de Sala que acusaron a los líderes independentistas por rebelión.
"Corren tiempos complicados para el Estado de Derecho y no nos corresponde a los fiscales, como servidores públicos que somos, realizar valoraciones más allá de las estrictamente jurídicas en el curso de los procedimientos judiciales", afirman los 233 representantes del Ministerio Público que firman en escrito, al que ha tenido acceso Efe.
"Ello no impide que traslademos a la ciudadanía nuestro reconocimiento y gratitud por la magnífica labor de la fiscal general del Estado en defensa de la independencia del Ministerio Fiscal y su sumisión exclusiva al imperio de la Ley", añaden.
Sus compañeros también dan las "gracias" a Segarra "por hacer visible el trabajo discreto y minucioso de muchos compañeros, por dignificar" su tarea y "por dar una lección pública de la importantísima función constitucional" que tienen, por lo que consideran "un orgullo" que ocupe el puesto que desempeña desde el 29 de junio de 2018.
Este escrito fue una iniciativa de la plantilla de la Fiscalía Provincial de Sevilla, cuya jefatura ocupó Segarra hasta su nombramiento como fiscal general del Estado, a la que "espontáneamente" se unieron fiscales del resto del país.
Entre los firmantes aparecen el fiscal jefe de Córdoba, Juan Bautista Calvo-Rubio; el fiscal jefe de Canarias, Luis del Río; el fiscal jefe de Málaga, Juan Carlos López; el fiscal jefe de Almería, Antonio Pérez; el fiscal jefe de Algeciras, Juan Cisneros; o el fiscal jefe de Ceuta, José Luis Puerta, así como un fiscal de Sala del Tribunal Supremo, Juan Carlos López-Coig; y una fiscal ante el Tribunal Constitucional, Teresa Pera.
Segarra defendió el pasado 12 de junio la "profesionalidad" de la Fiscalía en el juicio por el proceso independentista en Cataluña al hilo del debate sobre su continuidad después de mantener la acusación por rebelión, al contrario de lo que hizo la Abogacía del Estado, que acusó por sedición.
