El Gobierno andaluz ha acusado este miércoles al Ejecutivo nacional de "quedarse dormido" a la hora de abordar tanto el asunto de la Operación Paso del Estrecho (OPE), que supone la movilidad de más de tres millones de desplazamientos por España procedentes de otros países europeos y con destino al norte de África, como el problema de la llegada de inmigrantes irregulares a las costas andaluzas, como ya está sucediendo con el buen clima.
Así se ha pronunciado en rueda de prensa el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, quien ha insistido en demandar al Gobierno central un protocolo para que se garanticen todas las medidas de seguridad y sanitarias para el caso de que finalmente se produzca esa OPE y ante la llegada de inmigrantes irregulares a las costas, puestos que ya se han detectado 37 positivos en coronavirus.
La Junta considera que para estas personas que llegan de manera irregular a las costas de Andalucía, un problema que también tienen comunidades como Canarias, debería estar sometidas a una cuarentena de 14 días en un alojamiento habilitado por la autoridad competente, porque hay que garantizar la seguridad desde el punto de vista de salud pública. "Estamos hablando de un tema de salud pública", según ha sentenciado el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre.
A este respecto, el vicepresidente de la Junta ha apuntado que cuando esas personas llegan a las costas andaluzas, al cabo de 72 horas, en cumplimiento de la Ley de Extranjería, pasan a depender de una ONG y eso significa que están en "la calle" con lo que ello puede suponer si alguno está contagiado y no se ha detectado. Ha dicho que de momento se han contabilizado 37 contagios de embarcaciones que han llegado a puertos, pero luego están las que no se pueden controlar.
Sobre la Operación Paso del Estrecho, Juan Marín ha advertido de que no se puede "improvisar" cuando estamos hablando de tres millones de desplazamientos de ida y vuelta. "El movimiento de personas tiene que tener todas las garantías, no hacemos diferencias entre turistas o migrantes", ha querido dejar claro.
Ha insistido en que estamos de tres millones de desplazamientos por Europa, de manera que habría que garantizar un "corredor verde, limpio", que permitiera, mediante un pasaporte sanitario, que las personas, sean turistas o no, lo hagan sin ser portadoras o transmisoras del virus, y para ello, según ha dicho, están los test o medidas como el control de la temperatura.
Al mismo tiempo, Marín ha recordado que Marruecos no tiene previsto abrir sus fronteras hasta al menos el 10 de julio, de manera que hay que hay que garantizar, si se desarrolla la OPE, que las personas que van a cruzar a África desde los puertos andaluces puedan entrar en los países a los que se dirigen porque, sino, qué hacemos, "¿los dejamos en Algeciras o Motril esperando un mes a que los dejen pasar?", según ha preguntado.
Ha recordado que las fechas significativas para esas personas que quieren cruzar a África procedentes de varios países europeos son del 15 al 31 de julio, cuando celebran la fiesta del cordero.
Juan Marín ha insistido en que el Gobierno central tendría que haber abordado desde hace tiempo este asunto en el seno de la Unión Europea, porque afecta a varios países europeos, y con países como Marruecos o Argelia, pero una vez más se ha vuelto a "quedar dormido" y estamos ante un problema "problema de salud pública" tanto en Europa como en el norte África. Ha dicho que se trata de proteger también a la población de los países africanos que son destinos de los más de tres millones de desplazamientos, porque es sabido que la sanidad que tienen allí no tiene los niveles de la sanidad de los países europeos y se pueden dar situaciones muy complicadas en caso de importantes niveles de contagios.
"Que el virus entre en África nos preocupa tanto como que esté en Europa, porque estamos hablando de salvar vidas", según ha recalcado Marín, quien ha rechazado cualquier acusación de "xenofobia" contra la Junta. "Da igual la raza, el color, el sexo y la religión, hablamos de personas, de vidas", ha sentenciado.
En cuanto al regreso a su país de las temporeras marroquíes que se desplazaron a Huelva hace meses para las tareas en el campo de recolección de frutos rojos, Marín también ha pedido al Gobierno central que aborde este asunto con Marruecos, porque se trata de más de 7.000 mujeres, algunas embarazadas, que quieren volver a sus casas y no pueden hacerlo porque el país norteafricano tiene las fronteras cerradas.
No obstante, ha informado de que el Gobierno de Marruecos ha fletado tres aviones para repatriar a ciudadanos que por turismo u otra circunstancia se quedaron fuera del país, y se ha logrado incluir a ocho mujeres temporeras y seis niños.
Marín ha recordado que en este grupo de más de 7.000 mujeres hay embarazadas de más de ocho meses, bebés a los que no se les ha podido arreglar los papeles. El vicepresidente ha pedido mayor coordinación entre países para agilizar el regreso, con todas las medidas de seguridad, de estas trabajadoras a su país.
