La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a dos años de cárcel al exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Daniel Rivera en una pieza separada del caso de los ERE por las ayudas a la empresa Industrias Elizana, de Lucena (Córdoba) y dedicada a la fabricación de muebles.

En la sentencia, notificada este lunes y contra la que cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo, la Sección Primera condena a Daniel Rivera como autor de un delito de prevaricación y otro de falsedad en documento oficial, ambos en concurso medial con un delito de malversación de caudales públicos.

No obstante, tiene el atenuante de dilaciones indebidas y la atenuante muy cualificada de reparación del daño, y le impone dos años de prisión y cinco años de inhabilitación absoluta, según ha informado el TSJA.

Los magistrados tienen en cuenta "el especial desvalor de la acción delictiva, el perjuicio ocasionado al erario público y la posición de singular garantía que debía haber mantenido en el ejercicio de sus funciones".

De otro lado, condenan al copropietario y administrador de la empresa, Pedro J.V., a dos años de cárcel y cuatro años de inhabilitación absoluta como cooperador necesario de un delito continuado de malversación, y a tres años de inhabilitación especial para empleo o cargo público como cooperador necesario de un delito continuado de prevaricación, en todos los casos con las atenuantes de dilaciones indebidas y de reparación del daño.

Para la imposición de estas penas, el tribunal tiene en cuenta el "especial perjuicio económico" que provocó a la administración autonómica y el hecho de que "prolongó su actuación delictiva entre 2007 y 2010".

Asimismo, condena al empresario a indemnizar a la Junta de Andalucía con 924.218 euros, con la responsabilidad solidaria del ex alto cargo de la Junta en la cuantía de 525.000 euros, importes de los que responderá solidariamente la entidad Industrias Elizana.

Industrias Elizana nació en 1978 como empresa familiar en el municipio cordobés de Lucena, pero a consecuencia de la crisis económica fue adquirida en 2007 por el empresario acusado y por su hermano, ya fallecido, para evitar su clausura.

Entre 2007 y 2010, la empresa resultó adjudicataria de ayudas que provenían de fondos públicos de la Junta, que se obtuvieron "prescindiendo del procedimiento legalmente establecido y por medio de acuerdos y gestiones verbales protagonizadas singularmente" por Pedro J.V. con los sucesivos titulares de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, en concreto Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera.

La Audiencia considera que el administrador de la empresa condenado "conocía la ausencia de licitud de la forma de concesión de las ayudas públicas que instaba de la Dirección General de Trabajo, y actuó de forma concertada con los sucesivos directores generales para su obtención con el fin de conseguir el correlativo beneficio para la empresa".

En 2007 el administrador de la entidad contactó con el entonces alcalde de Lucena "con la intención de conseguir ayudas públicas para salvar la situación" de Industrias Elizana.

Tras ello, y con ocasión de la visita a esta localidad del entonces titular de la Dirección General, Francisco Javier Guerrero, mantuvo con éste un encuentro informal que propició que, con fecha 18 de febrero de 2007, se celebrara una reunión entre el acusado y Guerrero, con la asistencia del entonces primer edil, en la sede de la Dirección General en Sevilla.