La Guardia Civil ha imputado a diez personas por la muerte provocada a 22 caballos de Pura Raza Española (PRE) para cobrar la póliza de seguro, resultando que la mayor parte de los caballos no habían manifestado anteriormente sintomatología de enfermedad alguna, a lo que se suma la realización de contratos de compraventa ficticios, para justificar ante las compañías aseguradoras un valor de compraventa.
Según ha informado el Instituto Armado, el Seprona de la Guardia Civil de Córdoba tuvo conocimiento el pasado mes de diciembre, a través de la comunicación de una consultoría de compañías aseguradoras, de la muerte en las localidades cordobesas de Fernán Núñez y Montemayor 22 caballos PRE entre los años 2010 y 2014, que se habían comunicado como siniestros, para lograr la indemnización de las correspondientes pólizas de seguros, ascendiendo el total de las cuantías indemnizadas a más de 200.000 euros.
Las primeras investigaciones determinaron que las muertes se habían producido en tres fincas, con una cadencia concreta de aproximadamente seis a siete caballos durante los últimos tres años, todos jóvenes y sanos, sin haber manifestado anteriormente sintomatología de enfermedad alguna, ni haber tenido casi ninguno de ellos atención veterinaria previa, no encontrándose justificación veterinaria que explicase dicha mortandad, que podía deberse a una incorrecta alimentación de los equinos, cuyas muertes se produjeron en los primeros meses de vigencia de sus respectivas pólizas de seguros.
El avance de las investigaciones permitió identificar a las personas relacionadas con los hechos, que son nueve vecinos de Fernán Núñez y uno de Villanueva de Córdoba, y la localización de las explotaciones ganaderas en las que se han ido produciendo las muertes de los caballos, dos de ellas situadas en el municipio de Fernán Núñez y otra en el de Montemayor.
Además, se verificaron constantes cambios de compañía aseguradora, que los sospechosos realizaban, aun tratándose de los mismos propietarios, coincidiendo en los mismos periodos equinos de un mismo propietario, pero que eran asegurados en aseguradoras distintas. A lo que se une que algunas de las pólizas eran contratadas a nombre de familiares que, en principio, no tenían relación aparente con el mundo de los caballos.
También durante el desarrollo de la investigación se ha podido constatar la redacción de contratos de compraventa ficticios, realizados de forma extemporánea, de cara a justificar ante las compañías aseguradoras un valor de compraventa.
Ante ello y tras obtener indicios suficientes de la implicación de los diez sospechosos en los hechos, se procedió a su imputación como supuestos autores de los delitos de estafa, maltrato de animal y falsedad documental.
