Este 14 de abril se cumplen noventa y tres años desde que la primera democracia llegara a España, la II República española (1931-1939). Dado lo mucho que hizo la II República por las mujeres, por la educación, por la ciencia, por la cultura y por la modernización de España, quiero recordar con este artículo un periodo histórico del que se enseña muy poco en las escuelas y que supuso un gran avance en los derechos sociales en aquella época.

La República fue imperfecta, inacabada y con problemas, pero democrática y puso en marcha el proyecto más ambicioso de modernización de la historia de España, un sueño que fue abortado por el golpe de Estado de una parte del ejército, con el respaldo de las potencias fascistas y el ominoso abandono de las democracias occidentales. Porque la primera democracia española no nació en 1978. Nació en 1931 y fue dinamitada por quienes vieron en ella una amenaza para sus privilegios.

A pesar de su breve duración, la II República llegó con grandes reformas: la agraria, la territorial, la religiosa, la militar, la laboral, la educativa y la de la familia, por citar las más significativas. El proceso de modernización republicano abarcó todas ellas, a su vez interrelacionadas. La pregunta que nos hemos de hacer es la siguiente: ¿en qué medida hubiera podido abordarlas la Monarquía Alfonsina? Mi opinión es: en ninguna. Sus dos mejores coadyuvantes fueron, el rey Alfonso XIII, un desastre sin paliativos, y el general Miguel Primo de Rivera. Entre ambos liquidaron los anclajes sociales y políticos del sistema de la Restauración.

Dentro del avance que supuso el sistema educativo republicano, el icono de la obra La Barraca de Lorca fue un proyecto político, educativo y cultural. Era la manifestación de lo mejor de la República, en su versión más genuina: educar, enseñar, llevar la cultura a los pueblos y, siempre, a las masas populares. Hacer ciudadanos conscientes y orgullosos de serlo. Se trataba de un desafío brutal a los soportes culturales de la sociedad existente en 1931.

“Son muchos los problemas que había que solucionar. Acabar con el analfabetismo. Afrontar una legislación caótica y contradictoria, formar nuevas generaciones de jóvenes con una instrucción básica pero sólida, que afrontarán las tareas que se iban a presentar a una España que, por fin, iniciaba su regeneración. Creación de escuelas decentes, amplias y abiertas. Formación y dignificación de la profesión docente, desarrollo de un programa de formación de personas adultas, llevar la cultura a la zona rural, renovación pedagógica. El régimen Monárquico dejo una España sin escuelas y un país donde mas de la mitad de sus habitantes no sabían leer ni escribir”. (Luz Martínez Ten y Carmen Herrero Linares).

Partiendo de este ideario y de los problemas educativos, se establecieron una serie de reformas como la democratización de la enseñanza; la supresión de la obligatoriedad de la religión; la creación de escuelas públicas y el aumento de las plazas docentes; el incremento del sueldo de los maestros; la reforma de las escuelas normales y del ingreso a ellas, pues se buscaba el carácter profesionalizador de los estudios, ya que hasta ese momento había primado un carácter culturalista debido al bajo nivel cultural de los estudiantes de Magisterio. Esta reforma se llevó a cabo exigiendo el título de bachiller para acceder y al poner como obligatorias las prácticas pedagógicas; la potenciación de la coeducación y más derechos para las mujeres; y la creación de las misiones pedagógicas para la educación del mundo rural, la gran olvidada.

La Constitución española de 1931 proclamaba en su artículo 1º que "España es una República democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de Libertad y de Justicia". En el ámbito de la regulación de las relaciones entre trabajadores y empresarios, jugó un papel importantísimo Francisco Largo Caballero, ministro de Trabajo desde el 14 de abril de 1931 al 12 de septiembre de 1933, con medidas progresistas y avanzadas para aquellos años.

Fueron muchas las disposiciones aprobadas en muy poco tiempo y mucha la calidad técnica de todas ellas, realmente sorprendente por haberse producido en una etapa tan temprana de la evolución de la dogmática jurídico-laboral. El 22 de abril de 1931 se declara festivo el 1º de mayo y se limita a ocho horas diarias y cuarenta y ocho horas semanales la duración de la jornada de trabajo en los establecimientos industriales.

A su vez, la Ley de Términos Municipales, prohibía la contratación de trabajadores de otras localidades ajenas a aquellas en las que se hallaban las explotaciones agrarias demandantes de mano de obra, mientras no estuvieran ocupados todos los trabajadores locales. Esto implicaba la prohibición de recurrir a esquiroles cuando en un término municipal se convocaba una huelga. De manera que se produjo un ascenso de los salarios y se incrementó el poder contractual de los sindicatos. También se limitó la jornada laboral a 40 horas en el campo, lo que resultaba fundamental en un país por entonces mayoritariamente agrario. Al mismo tiempo se hizo realidad el seguro de desempleo, cuyas primeras medidas se había tomado después de la huelga general y la Semana Trágica de 1909 en Barcelona.

El día 27 de mayo de 1931 se crea el servicio para el fomento y régimen de la previsión contra el paro y “la caja nacional contra el paro forzoso (por causas ajenas a la voluntad del parado)” dentro del Instituto Nacional de Previsión en el que se establece una afiliación mínima de seis meses, perdiendo el derecho a la bonificación cuando el parado no acepte la colocación ofrecida, aprobándose el reglamento el 2 de octubre de 1931.

Se aprueba el Seguro de Maternidad, que entraría en vigor el 1 de octubre de 1931, por el que se concede el derecho al descanso durante las seis semanas antes del parto y se prohíbe trabajar hasta seis semanas después. Las trabajadoras tendrán derecho a recibir durante todo ese tiempo un subsidio que les permitiera mantenerse ellas y sus hijos y poder sufragar la lactancia, el médico o las medicinas.

El 26 de marzo de 1932 se aprueba el convenio relativo al seguro de enfermedad de los trabajadores de la industria y del comercio y de los sirvientes domésticos, ese mismo día se ratifica el convenio relativo al trabajo nocturno de menores de 18 años, y de las mujeres, en trabajos industriales.

12 de octubre de 1932 se aprueba el texto refundido de los accidentes del trabajo y de la responsabilidad en materia de accidentes, estableciendo criterios para la prevención de accidentes y el 2 de febrero de 1933 el Reglamento de la ley de accidentes del trabajo en la industria estableciendo responsabilidades e indemnizaciones en función de las distintas incapacidades.

Sería mucho más que una injusticia querer borrar el recuerdo de Largo Caballero, una persona que dedicó toda su vida a la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores, lo que le costó la cárcel en varias ocasiones. Fue presidente del gobierno legítimo de la República Española, durante la guerra, tuvo que exiliarse en febrero de 1939 a Francia. La policía francesa lo entregó a la Gestapo, el 31 de enero 1943 para ingresar en el campo de concentración de Sachsenhausen en Alemania, de donde fue liberado en abril de 1945 regresando a Francia donde residió hasta su muerte el 23 marzo 1946.

Mucho más podríamos decir sobre la Segunda República, pero no tendríamos espacio en esta colaboración. He querido dejar constancia solo de algunos derechos que fueron pioneros y que tras el franquismo tomaron otros destinos, felizmente recuperados con la democracia, gracias a nuestra Constitución Española y leyes posteriores..