No eran únicamente cuatro golfos los implicados en el caso de los ERE, como sostuvieron en su día dirigentes del PSOE andaluz, sino el Gobierno socialista en pleno de la Junta de Andalucía, según la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Sevilla. Esta sólo ha absuelto a dos de los veintiún ex altos cargos procesados, ha condenado a diez de ellos a penas de prisión (seis años para Griñán) y al resto, a penas de inhabilitación especial (nueve años para Chaves) por delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación, respectivamente.
Conforme al fallo judicial, el Gobierno socialista, presidido primero por Chaves y luego por Griñán, ideó un sistema palmariamente ilegal con el que favoreció el descontrol absoluto en el reparto discrecional de centenares de millones de euros en ayudas sociolaborales. Con este dinero la Junta compró la paz social en empresas y/o comarcas en crisis, como las cuencas mineras de Huelva, e indirectamente el voto de sus beneficiarios para así perpetuarse en el poder. Aquí no se ha enjuiciado si Chaves y Griñán se lucraron personalmente o si hubo o no financiación del PSOE, sino las prácticas ilegales y clientelares de todo un régimen que no dudó en alterar hasta las forma de elaborar los Presupuestos autonómicos y en evitar los controles previos de la Intervención para repartir a su antojo y de modo totalmente opaco el dinero de los contribuyentes andaluces.
