La Plataforma de Afectados por la Hipoteca El Puerto “lamentan que hayan tenido que pasar cuatro meses para que la Oficina de Intermediación sobre Desahucios (OID) recibiera la dotación económica necesaria para funcionar como cualquier servicio público. Por ello, antes que nada quiere pedir disculpas a las dos trabajadoras de la OID por no haberle podido abonar las nóminas de los cuatros primeros meses del año hasta el día 2 de mayo y a su vez, agradecerle la profesionalidad y la generosidad con la que han venido desarrollando su labor profesional a pesar de las dificultades económicas”.
Desde la PAH El Puerto “queremos hacer una llamada de atención al Gobierno municipal para poner más voluntad, empeño y seriedad a la hora de cumplir los compromisos electorales. Hay que recordar que la creación de la Oficina de Intermediación sobre Desahucios es una medida del Pacto-Programa que el nuevo equipo de Gobierno entrante en 2015 aprobó como medida fundamental a poner en marcha. Esta medida ha sido una de las más recalcadas como “promesa cumplida” en el marco electoral. Es necesario tomar conciencia que la continuidad de un servicio público de calidad y gratuito para la ciudadanía necesita de la dotación de recursos adecuados y de la financiación pública para funcionar”.
En este sentido, José Romero de la Torre, presidente de la PAH, quiere “mostrar su incomodidad ante todos lo perjuicios causados por esta irregularidad en el tratamiento de un servicio pionero en nuestra ciudad. Uno de los perjuicios más graves ha sido la de afrontar los pagos de la seguridad social de las dos trabajadoras contratadas. Para ello, la PAH ha tenido que buscar un préstamo en personas cercanas para poder hacer frente al pago de la seguridad social y evitar los recargos y las penalizaciones que este impago supone”.
Romero de la Torre insiste afirmando que “no entendemos como un Gobierno “progresista y social” favorece por su lentitud la “vulneración” de los derechos laborales de dos trabajadoras de esta forma”. Una abogada y una trabajadora social que han estado trabajando sin cobrar desde diciembre de 2016, causando perjuicios personales, dándole continuidad a un servicio público a la ciudadanía todos los días. En estos 4 meses la Oficina de Intermediación sobre Desahucios, a petición de los propios responsables políticos ha seguido funcionando y además con mucha intensidad, pues en este periodo se han atendido a 150 familias con situaciones muy difíciles y graves relacionadas con el riesgo de desahucio por impago de hipoteca o alquiler, ocupaciones de viviendas vacías de bancos de familias que no les queda otra salida por no tener recursos, situaciones de infraviviendas en las que viven muchas familias y elaboración de reclamaciones de cláusulas suelo. El año ha empezado con mucho trabajo en cuanto a las familias que demandan este servicio social y que encuentran un asesoramiento jurídico y técnico personalizado de forma gratuita”.
Por último, desde la PAH “queremos hace una petición al equipo de Gobierno para que, en la medida de lo posible, se eviten que situaciones como la relatada no vuelvan a ocurrir. Y para ello, pensamos que es necesaria una mayor y mejor programación en la ejecución de las acciones políticas, tanto por parte política como técnica”.
