Desde 2010 se han producido 3.209 agresiones a funcionarios de prisiones, lo que supone una diaria, según ha denunciado este lunes el sindicato CSIF, que exige la aplicación de un protocolo que minimice estas incidencias en las cárceles y que se una vez se considere a estos trabajadores como agentes de la autoridad.

Unas reivindicaciones que el presidente nacional del área de prisiones del CSIF, Adolfo Fernández, ha planteado en una rueda de prensa para dar "visibilidad" a un problema al que, según él, la administración no hace frente.

Según los datos facilitados por CSIF y que forman parte de la estadística del Ministerio del Interior, del total de las 3.209 agresiones contabilizadas desde 2010, 1.511 tuvieron como consecuencia una lesión y 89 fueron graves o muy graves.

De todos modos, los datos reflejan un descenso continuado y de las 475 agresiones del primer año contabilizado se ha pasado a las 223 del ejercicio pasado.

Acompañado del secretario de Comunicación, José Manuel Couso, y Jorge Vilas, presidente del área de prisiones del CSIF en la Comunidad Valenciana, Fernández ha denunciado asimismo la actitud de la Secretaría Genera de Instituciones Penitenciarias de querer "acallar" este asunto abriendo expedientes a los delegados sindicales.

En cualquier caso, Fernández ha tendido la mano a la administración penitenciaria que surja del nuevo Gobierno y ha confiado en tener con ella una "interlocución válida" para llegar a acuerdos y no solo en el ámbito retributivo.

Que las agresiones no les salgan gratuitas a los presos es una de las demandas del CSIF, que también pide una reclasificación de las categorías de los centros (ahora hay nueve) y una tasa de reposición adecuada, ya que la plantilla está mermada y ahora es de 22.547, cuando han llegado a alcanzar los 25.000.

Porque, además, la plantilla está envejecida. Uno de cada diez funcionarios tiene más de 60 años, el 47 por ciento entre 50 y 60 años y solo menos de cien trabajadores tiene menos de 30 años.

Couso, por su parte, se ha referido a las agresiones, que son consecuencia de la no aplicación de un protocolo adecuado, y ha mostrado algunas fotografías con lesiones sufridas por funcionarios en distintas partes del cuerpo.

Pistolas taser para situaciones de emergencia o un mayor control de los utensilios que los presos pueden usar para agredir son algunas de las medidas que propone CSIF, cuyos representantes han citado a las cárceles de Estremera (Madrid), de Valencia y la de El Puerto de Santa María como las más complicadas.

Fernández ha hecho también referencia a las retribuciones y ha recordado que los salarios de los funcionarios de prisiones dependientes de la administración central son entre 6.000 y 21.000 euros anuales inferiores a los de sus compañeros de Cataluña, la única comunidad con las cárceles transferidas.

Aunque ha aplaudido el acuerdo de equiparación salarial para los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil -"se lo merecen", ha dicho-, Fernández ha insistido en que los funcionarios de prisiones también forman parte del Ministerio del Interior y están "hartos de quedar discriminados".