El Ayuntamiento podría revertir la parcela destinada a la Comisaría

Publicado: 17/09/2019
“Al no haberse destinado al uso previsto dentro de los cinco años siguientes a la adopción del acuerdo de cesión”, asegura Javier Bello
El teniente de alcalde de Patrimonio, Javier Bello, ha remitido un escrito al director general de la Policía, Francisco Pardo, en el que le insta a remitir al Ayuntamiento “información concreta” sobre el estado del expediente de construcción de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en una parcela de 4.375 metros cuadrados, sita en la Angelita Alta, cedida al efecto al Estado, de manera gratuita, por el Ayuntamiento de El Puerto. Bello González, que reclama la dotación al gobierno del PSOE, quiere conocer las actuaciones previstas por la Dirección General “para el cumplimiento de los compromisos asumidos, con indicación en este caso de un calendario de actuaciones”, toda vez que la cesión fue aceptada en su día por la Comisión Delegada del Consejo Rector de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado, GIESE. 

El teniente de alcalde de Patrimonio recuerda que, según la Ley 7/99 de bienes de las Entidades Locales, “procederá la reversión automática si la parcela no se destinase al uso previsto dentro de los 5 años siguientes a la adopción del presente acuerdo”, constatando que “ha transcurrido holgadamente el plazo de 5 años desde la cesión, sin haberse destinado la parcela al uso previsto”, por lo que el Ayuntamiento podría utilizar la potestad del desahucio administrativo. El edil reseña que, aunque el proyecto técnico de construcción de la dotación llegó a presentarse, las obras nunca se iniciaron. 

Bello considera que la construcción del equipamiento, previsto en una superficie con dos frentes a calles, uno a la calle de la Angelita y otro a la calle Tren de Rota, responde “a una necesidad demandada por la ciudadanía de El Puerto de Santa María –así como por la propia plantilla del CNP-, de indudable interés general”, por lo que solicita la referida información “en virtud de los principios de lealtad institucional, colaboración y cooperación que han de regir las relaciones entre las Administraciones Públicas”. 



 

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