La Fiscalía del Tribunal Supremo detalla en uno de los decretos por los que archiva las diligencias de investigación contra Juan Carlos I que el rey emérito recibió como "regalo" tres armas de fuego, valoradas por un importe total de 101.636 euros, a través de la Fundación Zagatka, en la que llegó a figurar como beneficiario el propio rey emérito.

En uno de los dos decretos hechos públicos este miércoles consta "la adquisición y pago de tres armas de fuego, idénticas entre sí", con la descripción "escopeta superpuesta Eder Titanio calibre 12 cañón 72 cms". El Ministerio Público precisa que, según los datos facilitados por la Fiscalía de Suiza, las citadas armas fueron fabricadas por Kemen Armas, SL y el precio unitario de cada arma fue de 27.999 euros más IVA, para un total de 101.636 euros.

El importe de esta adquisición por parte de Zagatka se verificó mediante una transferencia de 102.000 euros realizada en junio de 2018 a una cuenta de Álvaro de Orleans, primo lejano del rey emérito, desde la que se abonaría el importe exacto.

"La factura fue emitida por el armero a nombre del Sr. Orleans, el cual se las regaló a S.M. D. Juan Carlos de Borbón, es decir, al contrario que el resto de las prestaciones patrimoniales sufragadas por la fundación Zagatka, esta tuvo el carácter de una donación", señala el decreto, que especifica que las escopetas se utilizaban específicamente para la caza.

El Ministerio Público analiza los fondos de esta fundación titulada por el propio Orleans, y apunta que "no se ha podido determinar con precisión la procedencia y la cuantía de los fondos consignados en las cuentas" de esta fundación, "ni los gastos y pagos efectuados".

Sin embargo, explica que "la información bancaria recibida a través de la Fiscalía del Cantón de Ginebra", así como el contenido de las declaraciones tributarias del rey emérito, han permitido establecer que entre 2014 y 2018 Zagatka abonó "cuantiosos gastos por el uso de aviones privados y servicios de alojamientos, entre otros originados por S.M. D. Juan Carlos de Borbón y Borbón, así como sus familiares y allegados".

En este contexto, y aunque la investigación desarrollada por la Fiscalía "no permite ejercitar acción penal alguna" contra el que fuera jefe del Estado, el Ministerio Público considera "relevante señalar que la actuación de la Fiscalía ha permitido recuperar para las arcas públicas 5.095.148 euros correspondientes a las cuotas tributarias adeudadas" por el emérito a la Hacienda Pública, "incluyendo los oportunos recargos e intereses de demora".

LOS PAGOS A UNA AEROLÍNEA POR VIAJES PRIVADOS

De los citados gastos afrontados por la fundación, recoge el decreto, no hay constancia en las cuentas bancarias de las que el emérito fue titular o autorizado, en las que "en ningún caso parece que los movimientos de cargo o abono hayan tenido relación" con Zagatka.

En lo relativo a los viajes, el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, hace un repaso a las cantidades abonadas por la fundación a la sociedad Air Partner por la realización de transportes en avión privado. En concreto, se trata de una serie de cargos por desplazamientos efectuados entre 2014 y 2018.

Los servicios prestados por la aerolínea, "aun tratándose siempre del mismo tipo de transporte de personas y sus equipajes en aviones privados" se contrataban de dos modos distintos", según explica la Fiscalía.

En primer lugar, el porteador podía ser contratado "para hacer uno o varios viajes determinados", en cuyo caso se pagaba el precio acordado, conforme al contrato firmado para cada ocasión. Otras veces, sin embargo, se compraba una especie de 'bono de tiempo de vuelo', que permitía al viajero trasladarse a cualquier lugar elegido, realizando tantos trayectos como desee sin exceder del tiempo total adquirido con el bono.

En la documentación recibida de la Fiscalía de Suiza se observaba que el ordenante de esos viajes era siempre es Orleans, "a veces referido por su nombre y apellidos y otras veces como 'Príncipe de Orleans'. Sin embargo, no se identificaba al viajero o viajeros que realizaban los trayectos ni constaban en los contratos.

PAGOS A DOS SOCIEDADES

El decreto también repasa las cantidades abonadas por la fundación Zagatka a la sociedad Viajes Terra Viva que fueron incorporadas por la representación de Juan Carlos I en las declaraciones complementarias que presentó en febrero de 2021. Se trata, en total, de tres pagos por importes de 94.826,83 euros, 37.223,00 euros y 32.823,00 euros.

Sin embargo, no existe ningún cargo adicional por pago de servicios prestados por la citada sociedad que no hubiese sido incluido en las mencionadas declaraciones presentadas por el letrado del emérito. Lo mismo concurre con el caso de las cantidades abonadas a la entidad Fathomless Advisory Services Limited, a quien se realizaron cinco pagos en total.

En definitiva, el fiscal asegura que no consta "indicio alguno con relevancia penal derivada de la actividad bancaria en las cuentas" del monarca en tanto que "todas las prestaciones" por la realización de viajes en avión o las cantidades abonadas a las otras dos sociedades ya fueron declaradas.

Así las cosas, "únicamente" quedaría por "cuantificar la cuota tributaria derivada de la donación de las referidas escopetas de caza, sujeta al impuesto sobre sucesiones y donaciones, en la que" el emérito "es el donatario y, por tanto, el sujeto pasivo de la relación jurídico-tributaria".

Con todo, la base imponible y la base liquidable de tal donación es igual a 101.636,37 euros, ascendiendo la cuota tributaria a 30.411,14 euros, una "cuota notablemente inferior a los 120.000 euros", por lo que no cabe su integración en el artículo 305.1 del Código Penal, referido al fraude a la Hacienda Pública.

En definitiva, y como ya constató la Oficina Nacional de
Investigación del Fraude (ONIF), ha existido un completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria que pudiera haber alcanzado entidad penal por resultar de las cantidades sufragadas con cargo a la fundación, una cuota defraudada superior a 120.000 euros.

UNA REGULARIZACIÓN ESPONTÁNEA

Y en lo referido a las referidas declaraciones tributarias que el monarca realizó, la Fiscalía asegura que "es evidente que no existió notificación alguna por parte de la Agencia Tributaria sobre el inicio de actuaciones de comprobación e investigación abiertas en relación con los hechos objeto de las presentes diligencias de investigación".

Tampoco hubo una denuncia o una querella interpuesta por las tres líneas de investigación abiertas en la Fiscalía. En concreto, las referidas a las presuntas comisiones ilegales por la adjudicación del AVE a La Meca, las del supuesto uso de tarjetas 'black' sufragadas por un empresario mexicano, y la relativa a la fortuna que habría ocultado en la isla de Jersey.

En esta línea, el decreto sostiene que las notificaciones de incoación de diligencias que fueron comunicadas al emérito "no podían tener, en los momentos en que se realizaron, el carácter de trasladar el conocimiento formal del inicio de diligencias" en tanto que el propio Ministerio Público "no tenía entonces constancia del
incumplimiento de las obligaciones tributarias" por parte de Juan Carlos I.

Pese a ello, sí que se produjo por parte del Rey Juan Carlos I "el completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria". Así, y "toda vez que el investigado no tuvo el conocimiento formal previo a la presentación de las declaraciones tributarias complementarias, tales declaraciones gozan de eficacia exoneradora de la responsabilidad penal", apunta el decreto.