El Gobierno ha dado luz verde este martes al plan para destinar 50.000 viviendas de la Sareb a alquiler asequible, de las que 35.000 ya están identificadas y otras 15.000 se construirán en suelo cedido por esa sociedad pública.
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha abogado, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, por "reconstituir" el parque público de vivienda en España y por "aprovechar el cien por cien de los activos" del llamado 'banco malo'.
Según sus datos, la Sareb cuenta con un stock de 21.000 casas que podrían servir para uso social, además de otras 14.000 que ya se encuentran habitadas, y de suelos disponibles en los que se podrían desarrollar 15.000 viviendas y otros proyectos.
El plan que se ha puesto en marcha incluye la Estrategia de la Sareb para movilizar esas 21.000 viviendas, 9.000 de ellas ya disponibles para la venta y 12.000 pendientes de obras de finalización y habitabilidad, mediante acuerdos de venta a comunidades y ayuntamientos para alquiler social o asequible.
La Sareb, creada hace once años para comprar activos inmobiliarios de cajas de ahorro y bancos quebrados en la crisis financiera de 2008, está controlada por el Estado desde el año pasado.
Su entrada en el perímetro público supuso un aumento de deuda de 34.000 millones de euros para el Estado, ha recordado Calviño, que ha señalado que la nueva Estrategia de la sociedad también incluye la "cesión de suelos para construir hospitales, escuelas, aparcamientos y otros servicios públicos".
Calviño ha apuntado que el parque público de vivienda en España está formado por 300.000 unidades, lo que supone el 3 % del total, frente al 9 % de media en la Unión Europea.
Por su parte, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha arremetido contra las "políticas fracasadas" del PP en esta materia y ha respondido a su líder, Alberto Núñez Feijoo, que para alcanzar un pacto de Estado sus presidentes autonómicos deberían empezar por aplicar la ley de vivienda que se aprobará en los próximos días.
Rodríguez ha dicho que es "inaceptable que existan presidentes autonómicos que digan que se van a saltar esta ley", aunque ha añadido que "viendo al jefe que se salta la Constitución se ve que será marca de la casa".
