A la mediación pueden acogerse voluntariamente personas casadas, parejas de hecho, parejas sin vínculo legal pero con hijos comunes y familiares hasta el tercer grado de consanguinidad.
El procedimiento también está abierto a personas adoptadas o acogidas y sus familias biológicas, adoptivas o acogedoras, así como a aquellas que ejercen tutela sobre menores y sobre personas con discapacidad intelectual.
Entre los conflictos que pueden ser objeto de mediación figuran los relativos a separaciones, divorcios o disoluciones de parejas de hecho; cuestiones relativas al derecho de alimento y cuidado de personas en situaciones de dependencia.
También las relaciones de menores con sus parientes, tutores o guardadores y ejercicio de la patria potestad o tutela.
La mediación familiar, no obstante, queda expresamente excluida en situaciones en las que exista violencia o maltrato sobre la pareja, hijos o cualquier otro miembro de la familia.
Los trámites se inician a instancia de las partes interesadas, bien por iniciativa propia o mediante propuesta del órgano judicial de los servicios públicos competentes, atendiendo siempre al principio de voluntariedad.
El procedimiento no supone ningún coste para las personas que cumplen los requisitos que rigen en la asistencia jurídica gratuita, es decir, cuyos recursos e ingresos económicos por unidad familiar no superan el doble del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) vigente en el momento de la solicitud.
Este tope se eleva al cuádruple en el caso de las familias numerosas o de las que tengan personas con discapacidad. De igual modo, el procedimiento garantiza los principios de imparcialidad y neutralidad de la persona mediadora y la confidencialidad de la información obtenida durante el proceso.
La norma aprobada por el Consejo de Gobierno establece la creación del Consejo Andaluz de Mediación Familiar, órgano de participación y asesoramiento en el que estarán representados los mediadores, los colegios profesionales, las universidades y la Administración autonómica.
La Junta de Andalucía desarrolla desde el 2001 un programa de mediación familiar a través del cual se han atendido más de 5.000 casos, con una inversión superior a cuatro millones de euros.
