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España

El fiscal pide inhabilitar 8 años al exportavoz municipal del PSOE

Está acusado de un delito de prevaricación al adjudicar sin concurso la compra de material para los bomberos

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  • El exconcejal -
La Fiscalía ha pedido una condena de ocho años de inhabilitación para Francisco Fernández, exconcejal de Gobernación de Sevilla y exportavoz municipal del PSOE, por un delito de prevaricación al adjudicar sin concurso la compra de material para los bomberos.

El fiscal, en un escrito de acusación al que ha tenido acceso Efe, dice que Fernández, como responsable del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, en fecha no determinada pero anterior al 15 de mayo de 2007 adquirió de la empresa Iturri el equipamiento necesario para ocho vehículos de bomberos por importe de 644.485 euros.

La adquisición del equipamiento "se llevó a cabo sin que se incoara expediente administrativo alguno, por lo que no existieron los acuerdos previos del Ayuntamiento para la adquisición de bienes, no se formalizaron pliegos de condiciones técnicas y no hubo publicidad para que los interesados concurrieran a la posible compra".

Finalmente, tampoco existió consignación presupuestaria correspondiente, por tanto sin cumplir con los requisitos y formalidades exigidas legalmente relativas a la convocatoria de concurso y adjudicación motivada, según la Fiscalía.

El acusado adoptó esa "arbitraria" resolución "a sabiendas de que estaba omitiendo las normas esenciales del procedimiento para adquisición y contratación de bienes exigidas por la ley", añade.

Para el reconocimiento de la deuda generada con la empresa Iturri por la adquisición del equipamiento tuvo que incoarse con posterioridad un expediente, precisa el fiscal, que imputa a Fernández un presunto delito de prevaricación.

La Fiscalía solicita ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, aunque Fernández no ostenta ahora ningún cargo ya que no concurrió a las elecciones de mayo pasado, en las que el PSOE perdió la Alcaldía de Sevilla.

Esta petición del fiscal se une a la presentada por el Sindicato Profesional de Bomberos, que ejerce la acusación y ha pedido para Fernández diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación y otra condena de seis años de cárcel y quince de inhabilitación por malversación de fondos públicos.

En su declaración como imputado, Fernández reconoció que las compras se hicieron sin pliego de condiciones dada la "emergencia" de la falta de medios y la "importante presión mediática" que sufría el Ayuntamiento.

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