El Tribunal de Cuentas ha detectado "deficiencias" e "incumplimientos" en la gestión de varias subvenciones al cine durante el año 2011, etapa de Ángeles González Sinde al frente del ministerio de Cultura, según se desprende del informe de fiscalización del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) de ese año, al que ha tenido acceso Europa Press.
El ICAA es un organismo autónomo, adscrito al citado ministerio, a través de la Secretaría de Estado de Cultura. Entre sus fines se encuentra desarrollar la creación, incrementar la producción y favorecer la distribución de producciones españolas; la proyección y promoción exterior de la cinematografía y de las artes audiovisuales españolas; o la recuperación, restauración, conservación e investigación y difusión del patrimonio cinematográfico, entre otras.
Así, el ICAA convocó en aquel año 16 líneas de ayudas en régimen de concurrencia competitiva, cuya finalidad consistía en el fomento, producción, distribución, conservación y promoción de la actividad cinematográfica y audiovisual, así como el acceso al crédito y el empleo de nuevas tecnologías.
Su importe ascendía a los 71,43 millones de euros y sus bases reguladoras presentaron "carencias" como "la omisión o la insuficiente definición" del objeto de subvencionable, o la existencia de inconsistencias entre el contenido de las bases reguladoras y el de las convocatorias.
Asimismo, el órgano fiscalizador alerta de que en los procedimientos de selección y valoración analizados se ha constatado la "incorrecta aplicación" de los criterios de valoración establecidos en las bases reguladoras y en la convocatoria.
SE "INFRINGE" LA LEY DE SUBVENCIONES
En este contexto, también argumenta cómo en la solicitud, concesión y justificación de las subvenciones se infringieron "diversos" preceptos de la normativa reguladora de las subvenciones. Entre ellos, destaca la resolución de concesión de subvenciones y su notificación fuera de plazo, la ausencia de destrucción de la documentación técnica aportada (guiones o proyectos de películas) o la falta de la adopción de medidas que garantizasen su confidencialidad, la falta de justificación total o parcial de algunas subvenciones o incluso la inclusión de justificantes de gasto no subvencionables.
De forma más detallada, por ejemplo, en cuanto a las ayudas para el fomento de la realización de películas cinematográficas de largometraje, en régimen de coproducción internacional, el órgano fiscalizador advierte de que sus bases reguladoras no definieron el objeto de la subvención, vulnerando la Ley General de Subvenciones (LGS).
Relacionadas
González Sinde dice que da igual endurecer la ley contra la piratería en Internet porque no se aplica
Al mismo tiempo, refleja que las bases reguladoras del resto de ayudas, a excepción de las destinadas al desarrollo de proyectos de películas cinematográficas de largometraje, definieron el objeto subvencionable de manera genérica, por lo que no se dio cumplimiento a lo previsto en la Ley de Subvenciones, cuando ésta establece que debe expresarse el objeto de la subvención.
En el capítulo de las ayudas para la conservación del patrimonio cinematográfico, las bases reguladoras y la convocatoria no establecieron los criterios de valoración, ni su ponderación, requisitos "expresamente exigidos" en la mencionada LGS.
A su vez, la institución auditora ha constatado una "incoherencia" entre la base reguladora de la línea de ayudas para la realización de obras audiovisuales con empleo de nuevas tecnologías y la convocatoria para 2011, al haberse establecido que el plazo para iniciar el rodaje empezaba a contar desde la percepción de la ayuda, mientras que en la convocatoria el computo señalado se iniciaba desde su aceptación.
En el examen del procedimiento de concesión de las líneas de ayudas concedidas en régimen de concurrencia competitiva por el ICAA en 2011 el Tribunal de Cuentas pone de manifiesto "incumplimientos" como que en cuatro de las 15 ayudas analizadas se superó, al menos en alguna de las convocatorias o fases el plazo de 15 días establecido para resolver el procedimiento de concesión, contado desde la fecha de elevación de la propuesta de resolución, incumpliendo el reglamento general de subvenciones.
Por lo que se refiere a la valoración de los proyectos, del análisis de contenido del acta de la reunión del 8 de noviembre de 2011 se desprende que el Comité Asesor de la línea de subvención a ayudas para proyectos culturales y de formación no reglada valoró "erróneamente" aquellos proyectos que incluían medidas encaminadas al fomento de la igualdad de género.
Por otra parte, en seis de las 15 ayudas analizadas, la resolución de la concesión de las convocatorias se dictó fuera del plazo dispuesto en las mismas. Además, en tres líneas de ayudas (organización de festivales, conservación patrimonio cinematográfico y realización de obras audiovisuales con nuevas tecnologías) la notificación de la concesión de las ayudas se realizó fuera de plazo.
JUSTIFICACIONES DE GASTOS Y EXPEDIENTES
En el análisis de la justificación de los expedientes de subvenciones de la muestra el Tribunal de Cuentas detecta, por ejemplo, que en la justificación del importe de la ayuda concedida a 14 expedientes (13 a ayudas para proyectos culturales y de formación no reglada y uno de ayudas para la participación de películas españolas en festivales) se incluyeron justificantes de gastos no subvencionables por un importe de 104.406 euros. Sólo en uno de los expedientes, en las ayudas para la conservación del patrimonio cinematográfico se exigió el reintegro.
A su vez, el órgano fiscalizador constata que el 5 por ciento de los justificantes de gasto presentados en las ayudas para proyectos culturales y de formación no reglada se presentaron justificantes de gasto, por importe de 5.472 euros, cuya vinculación con el desarrollo de la actividad objeto de subvención "no ha quedado debidamente acreditada".
Por todo ello, el Tribunal de Cuentas subraya entre sus recomendaciones a la gestión del ICAA que las "deficiencias" e "incumplimientos" en la gestión de las subvenciones concedidas por el organismo deben superarse mediante una evaluación "exhaustiva" de los procedimientos implantados que conduzcan al cumplimiento "riguroso" de la normativa que regula esta materia y a la mejora del control interno de este área de actividad.
