Un numeroso grupo de juristas, encabezados por Baltasar Garzón, ha pedido al presidente del gobierno Mariano Rajoy, a las instituciones del Estado y a la justicia, el cumplimiento de las resoluciones de la ONU y la legalidad internacional sobre derechos humanos para con las víctimas de los crímenes del franquismo.
Garzón ha criticado que el Gobierno "ha desoído olímpicamente estas recomendaciones y hace notar que no las va a cumplir y sin embargo ha conseguido estar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sin hacer mucho por la cooperación y eliminando cualquier posibilidad de ayuda presupuestaria a todo lo relacionado con la memoria histórica".
Durante el primer acto de la campaña puesta en marcha por la Plataforma por la Comisión de la Verdad para movilizar a la opinión pública, a las instituciones y a los ciudadanos para que España cumpla con las víctimas, Garzón ha resaltado "la necesidad de una comisión no como una concesión sino como un derecho de las victimas y de la sociedad española en general".
Asimismo ha recalcado que "España es el único país de su entorno que se niega a reflexionar sobre tema tan actual como es la violación de derechos de las víctimas y así lo ha hecho notar Naciones Unidas con instituciones como el Comité de Desapariciones Forzadas y los informes del relator de verdad, justicia, y reparación".
Garzón ha asegurado no saber "hasta qué punto las recomendaciones no son vinculantes" cuando España forma parte del organismo de Naciones Unidas". "Presumimos de que somos el sexto país contribuyente en la ONU y gastamos un millón de euros para conseguir entrar en su Consejo de Seguridad y simultáneamente somos el país europeo que más resoluciones incumple y nos olvidamos de las victimas del franquismo", ha dicho.
Para el magistrado, una de las acciones más "deleznables" que puede haber en una democracia es "dejar desamparadas a las víctimas a la vez que se les llena la boca de proteger a todo tipo de víctimas salvo las del franquismo", ya que "se está categorizando en victimas de primera, de segunda y aquellas que incluso no son reconocidas como tal".
PIDE APOYO PRESUPUESTARIO
Por ello, ha pedido al Gobierno y al resto de partidos políticos que "se definan claramente y dejen de decir palabras acomodaticias según la cámara que esté delante y que se comprometan definitivamente en favor de las víctimas del franquismo".
A su juicio, lo más urgente es "reactivar todo el apoyo económico para continuar todas las labores de reparación y continuar luego con las garantías de no repetición como sería el desarrollo de la comisión de la verdad". Además, ha insistido en que "la justicia tome en cuenta, partiendo de la doctrina del Tribunal Supremo y de la ONU, la obligación de atender a las víctimas".
Sin embargo, Garzón ha señalado que, salvo en casos excepcionales, "los jueces se niegan a concurrir a las exhumaciones", y ha citado como ejemplo un caso en el que la Audiencia Provincial de Valencia, y el Ayuntamiento de la localidad "le siguen exigiendo a una familia 24.000 euros para hacer frente a la exhumación de un familiar asesinado en el franquismo", en una actitud que le parece "vergonzosa".
Por último, ha matizado que tras el informe del relator de la ONU, la Memoria Histórica podría "empezar a tener alguna relevancia" en las directrices internacionales, pero "falta un compromiso claro y definitivo en defensa de las victimas que bastaría con interpretar las normas de acuerdo con los dictados internacionales sobre verdad, justicia y reparación".
