El empresario Javier López Madrid, yerno del presidente de OHL Juan Miguel Villar Mir, ha  pedido a la Audiencia Nacional que archive la causa seguida contra él por gastar cerca de 34.000 euros con su 'tarjeta black' y no le someta a un juicio que "por sí solo tiene un carácter aflictivo que se puede evitar" porque no tuvo la más "mínima conciencia" de la ilicitud de su conducta.

   El consejero de OHL, que se enfrenta a una petición fiscal de dos años de prisión, pone de relieve en un recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, que tanto él "personalmente"  como su "grupo familiar" invirtieron más de 20 millones de euros en la salida a Bolsa de Bankia hasta que la ampliación por parte del FROB "diluyó esta cifra hasta prácticamente cero".

   Por ello, considera que es "imposible y carece de toda lógica" que la misma persona que primero invierte y mantiene sus acciones tras salir del Consejo de Administración "aunque ello signifique una quiebra de sus propios intereses y de su patrimonio, vaya simultáneamente a actuar de forma contraria, buscando obtener un beneficio 625 veces inferior al perjuicio que él mismo ha tolerado con el uso de una tarjeta de crédito".

   López Madrid, que fue consejero de Caja Madrid en enero de 2010 y de Bankia en junio de 2011, explica que en ninguno de los Consejos de Administración en los que participó se trató "absolutamente nada" relacionado con las tarjetas y que el entonces secretario, Jesús Rodrigo, se la entregó en un proceso completamente "transparente", por lo que en ningún momento pensó que pudiera estar infringiendo cualquier norma jurídica y "mucho menos" el Código Penal.

   El consejero, que precisa que si hubiera tenido dudas sobre la legalidad no se hubiera incorporado a este órgano o hubiera presentado su dimisión con carácter inmediato, añade que Bankia "era conocedora de la existencia de las tarjetas o, por lo menos, podía haberlo sido, por lo que en ningún caso pueden caracterizarse como opacas".

IMPOSIBLE SABER SI LOS GASTOS ESTABAN EN LAS CERTIFICACIONES

   El empresario afirma que era la única tarjeta que disponía en la entidad, por lo que cualquier gasto relacionado con su actividad tenía que ser cargado a la misma, y que llevó un "control exhaustivo" de los gastos hasta que Caja Madrid le indicó que no era necesario por tratarse de gastos sin justificación.

   La defensa de López Madrid recuerda que su cliente devolvió el dinero gastado y que recibía hasta cinco certificaciones distintas de sus remuneraciones en Caja Madrid, por lo que le resultaba "imposible conocer si los gastos de las tarjetas estaban o no incluidos en algunas de ellas".

   "Quienes entregaron esas tarjetas, quienes no adoptaron las decisiones correspondientes en el seno societario, quienes no cumplieron con sus obligaciones de cualquier tipo tendrán que dar las explicaciones que correspondan. Pero quien de buena fe recibe la tarjeta y la usa conforme a las indicaciones recibidas, sin hacer un uso abusivo de la misma y sin que se le advierta de cualquier irregularidad, ni se descubra cualquier elemento que permita sospechar de ilicitud, no puede concurrir en igualdad de culpa al juicio", concluye.