La Fiscalía Anticorrupción solicita cuatro años de prisión para el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa y su exdirector financiero Ildefonso Sánchez Barcoj como autores de un delito de administración desleal en el marco de la causa que instruye el Juzgado número 45 de Madrid sobre el cobro de sueldos presuntamente irregulares.
En el escrito de conclusiones provisionales al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público solicita además 8,5 millones de euros en responsabilidad civil de forma solidaria para los dos exaltos cargos de la caja extinta que deberán ingresar en la cuenta que establezca Bankia o en caso de renuncia de ésta en el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
El fiscal Anticorrupción Conrado Saiz, que denunció en enero de 2015 el perjuicio económico que presuntamente habrían provocado los acusados a las cuentas de Caja Madrid al cobrar "percepciones excesivas", pide además al exsecretario general de la entidad Enrique de la Torre, una indemnización civil de 2,8 millones de euros, cantidad que cobró "en exceso" de la indemnización recibida por la caja tras su salida en 2009.
Reitera en su escrito acusación provisional que los acusados no cumplieron con el trámite estipulado por la caja de informar a los órganos de gobierno. En concreto recuerda que el Comité de Retribuciones propuso un incremento del salario de los miembros del Comité de Dirección de un 4,5 por ciento a partir del 1 de enero de 2008 hasta alcanzar una masa salarial de 8,3 millones de euros.
Tras someter la propuesta al Consejo de Administración, esta tenía que volver de nuevo a la Comisión de Retribuciones para validar la asignación individual correspondiente a cada uno de los diez miembros del Comité de Dirección, paso que no llevó a cabo Blesa, por lo que el incremento real medio fue de 16,11 por ciento en 2008, porque con la salida de Ramón Ferraz Ricarte, el Comité se redujo a nueve miembros.
PERJUICIO ECONÓMICO FRACCIONADO
Como consecuencia la caja les "abonó indebidamente" 2 millones de euros desde 2008 hasta que abandonaron la entidad en calidad de salario fijo. Respecto a la retribución variable el fiscal tampoco "encuentra justificación" al pago realizado a los beneficiarios y que ascendió a 1,8 millones y denuncia además que el exceso de aportaciones al fondo de pensiones se incluyó en las nóminas de los años 2007 a 2010 como "gratificación extraordinaria" por lo que la prestación la cobraban por anticipado.
Ello trajo como consecuencia que Caja Madrid soportara "indebidamente" su coste fiscal al elevar a bruto estos importes y abonar las retenciones por IRPF para cada uno de los miembros del Comité de Dirección, lo que causó un perjuicio a la entidad de 1,8 millones de euros más, según el relato de la Fiscalía.
El Ministerio Público basó su denuncia en un informe elevado al FROB por el que este organismo le acusó de causar un perjuicio económico de cerca de 15 millones de euros, si bien Blesa argumentó en su declaración ante la magistrada que instruye el caso, Luisa María Prieto, que se trataba de un documento plagado de errores.
INCREMENTO DE LAS FUNCIONES
El que fuera presidente de Caja Madrid entre 1996 y 2010 justificó ante el tribunal el aumento en 2008 de la retribución de los directivos entre un 16 y un 26 por ciento aludiendo a un incremento en paralelo de las funciones de sus nueve miembros.
Además de Blesa, Sánchez Barcoj y De la Torre, formaban parte del Comité el exdirector de Comunicación Juan Manuel Astorqui, la exdirectora de Obra Social Carmen Contreras, el exconsejero Mariano Pérez Claver, el exdirector general de Negocios, Matías Amat, el exdirector de la Fundación de Caja Madrid, Rafael Spottorno, y el que fuera director de Organización de Caja Madrid, Ricardo Morado Iglesias, todos ellos investigados en la causa que sigue la Audiencia Nacional sobre el uso presuntamente fraudulento de las tarjetas 'black' que recibieron de la entidad nacionalizada.
