La repetición de las elecciones ha obligado al Gobierno a aprobar una modificación presupuestaria para poder pagar los gastos de la maquinaria electoral por el 10N, con un coste que se acerca a los 136 millones de euros, cifra similar a la de las generales de abril.
Serán así 520 los millones gastados desde diciembre de 2015 hasta ahora en las cuatro elecciones generales celebradas, tres de ellas, anticipadas: unos 130 millones los comicios de 2015 y otros tantos los de 2016, y casi 135 y 136 millones, respectivamente, los de este año.
Pero el coste electoral total de 2019 va más allá de las generales porque incluye también las municipales, autonómicas y europeas del pasado mes de mayo. Entre los tres procesos suman 470 millones de euros, según admitió el propio Gobierno en el Plan Presupuestario 2020 que envió a Bruselas, en el que añadía que esto ha provocado un aumento del gasto corriente de las administraciones públicas hasta el 5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB).
CAMBIOS EN EL PRESUPUESTO
Para pagar las elecciones de abril, el Consejo de Ministros tuvo que aprobar el 1 de marzo una ampliación de crédito por 134,84 millones de euros. Para estas de noviembre, se ha aprobado una modificación presupuestaria por 136 millones sin necesidad de autorización por el Consejo de Ministros. Eso significa que el coste de la triple convocatoria electoral de mayo fue de otros 190 millones, hasta llegar a esos 470 recogidos por el Gobierno en las cuentas que envió a Bruselas.
Sea por un procedimiento o por otro, el Ejecutivo tiene que hacer frente a un gasto imprevisto y millonario para que el Ministerio del Interior organice unas nuevas elecciones. Con ello se paga desde el trabajo de Correos para hacer llegar el voto a distancia o la propaganda, hasta la impresión de papeletas o sobres y el despliegue de los miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Al margen de este gasto quedan las subvenciones a los partidos políticos para que afronten los comicios, que no se incluyen en este presupuesto.
CONTRATACIÓN DE EMERGENCIA
El Ministerio del Interior ha adjudicado los contratos para pagar toda la maquinaria electoral por el procedimiento de emergencia, amparado por la Ley Electoral en el caso de que se repitan los comicios. Además, todos ellos han sido ofrecidos a las empresas que resultaron adjudicatarias de los mismos en las generales de abril, salvo en los contratos menores y en aquellos casos en que las empresas han rechazado la invitación por no poder llevarlos adelante.
Así es como se han encargado de nuevo sobres, manuales de miembros de mesa, 'kits' de material de oficina, campañas institucionales, 'kits' de voto accesible (voto braille), el contrato asistencias técnicas, el arrendamiento y acondicionamiento de espacios (alquiler de IFEMA para el centro de prensa desde donde se sigue el escrutinio) y el contrato de difusión del escrutinio provisional (adjudicado a Indra).
Sólo el trabajo de Correos supone el 40,6% del presupuesto total, el capítulo más caro, 56,5 millones de euros para tramitar el voto a distancia, los avisos a los miembros de la mesas electorales, los recursos, la propaganda electoral, etc.
Otro 14,5% del gasto presupuestado (20 millones) se lo lleva lo que se denomina administración electoral. Recoge el coste de las Juntas Electorales, que son las que supervisan el proceso, y el de las mesas de votación, en las que trabajaron 180.114 personas en las elecciones de abril. Cada una de ellas cobra una dieta de 65 euros por la jornada y tiene derecho a una reducción de la jornada laboral al día siguiente.
INDRA DIFUNDIRÁ DE NUEVO EL ESCRUTINIO
También es importante el coste de las telecomunicaciones y la difusión del escrutinio, del que se encargará de nuevo Indra. La empresa ya ganó el concurso convocado para los comicios de abril y esta vez ha recibido el encargo mediante el procedimiento de emergencia. Entonces realizó el trabajo por 7,4 millones y esta vez, por 7,2, un 3% menos porque se reduce el tiempo de ejecución del servicio, según explica el Ministerio del Interior.
Indra se encargará de distribuir la información del recuento, pero también dará apoyo informático a las Juntas Electorales e integrará los resultados definitivos en la base de datos de los resultados electorales del Ministerio del Interior.
El presupuesto del gasto electoral incluye también el coste de organizar los colegios electorales, los millones de papeletas y sobres, el montaje de mesas urnas y cabinas de votación o el traslado de los electores que lo necesitan, una logística que se repite unas elecciones tras otras (13,1 millones).
También se paga el despliegue policial (14 millones presupuestados) y de representantes de la Administración (7,2 millones), el coste de la Oficina del Censo Electoral (5,8 millones) o la colaboración de los ayuntamientos (7 millones de euros).
