La OCDE constata que la economía española se está ralentizando más de lo que había calculado en mayo y rebaja sus previsiones de crecimiento dos décimas para este año, al 2 %, y tres para 2020, al 1,6 %.

En su informe semestral de perspectivas publicado este jueves, la OCDE se muestra más pesimista que el Gobierno, que confía en mantener una progresión del 2,1 % en 2019 y del 1,7 % en 2020, pero no tanto como la Comisión Europea, que el pasado día 7 modificó fuertemente a la baja sus cifras para dejarlas en el 1,9 y el 1,5 %, respectivamente.

Pese a todo, la evolución de España será una vez más mejor que la media de la eurozona, que crecerá un 1,2 % este año y un 1,1 % el próximo. También será mejor que la de los tres grandes países de la zona euro: Alemania, Francia e Italia.

Para 2021, la expectativa de la OCDE es que el crecimiento en España se mantenga en el 1,6 % en un contexto en que el consumo privado será el principal vector de progresión, aunque también experimentará una ralentización en su incremento (del 1,8 % el próximo ejercicio al 1,3 % el siguiente).

Esa ralentización está en relación directa con una menor creación del empleo mientras que la tasa de paro pasará del 14,2 % en 2019 al 14,1 % en 2020 y al 13,6 % en 2021.

En cuanto a la inversión de las empresas, está siendo menos dinámica que en el pasado (crece al 2,8 % este año después de haberlo hecho al 5,3 % en 2018) pero va a persistir en un ritmo de crucero importante a la vista del alto nivel de utilización de las capacidades productivas y por las favorables condiciones de financiación con los bajos tipos de interés. 

Según la OCDE, volverá a repuntar al 3,6 % en 2020 para decaer al 3 % en 2021.

El comercio exterior tendrá un impacto negativo de cinco décimas sobre el producto interior bruto (PIB) en 2020 ante la debilidad de los mercados de exportación y el dinamismo de las importaciones.

La OCDE se refiere en su documento a la incertidumbre política, que genera dudas sobre cuál va a ser la evolución fiscal y de las finanzas públicas. Y como prevé que la deuda pública siga a un nivel "elevado" -únicamente bajará del 96,6 % del PIB en 2019 al 96,2 % en 2021-, insiste en que hacen falta más esfuerzos estructurales para una reducción duradera.

A ese respecto, hace notar que las mejoras recientes en las finanzas públicas hay que atribuirlas mayormente a "unas condiciones macroeconómicas favorables".

Los autores del informe consideran que para elevar el crecimiento potencial el elemento fundamental es aumentar la productividad, y eso pasa por mejorar la formación de la mano de obra, la competencia y la innovación.

Sobre el primer punto, recomiendan formar a los trabajadores con menores capacitaciones para aumentar sus perspectivas laborales y reducir las desigualdades.

Proponen unificar la asistencia laboral y los servicios sociales para los desempleados y dar formación digital a las personas con menor nivel educativo y con bajos ingresos, los mismos cuyos empleos corren más riesgo a causa de la automatización.

Como es habitual, en sus consejos a España se repite el de corregir la fragmentación del mercado y aumentar la coordinación entre las políticas de innovación del Gobierno y las de las comunidades autónomas. 

El conocido como el "Club de los países desarrollados" avisa de que el riesgo principal para la economía española podría venir de un crecimiento más bajo de lo anticipado en Europa, el primer destino de sus exportaciones.

Puede afectarle también negativamente el "brexit", dado que el Reino Unido es uno de los países de los que llegan más turistas a España, así como un consumo más flojo si la creación de empleo se ralentiza mucho o si persiste la incertidumbre.

La disminución de esa misma incertidumbre podría ser un incentivo para una mayor inversión, y eso redundaría en la confianza de las empresas.