El próximo viernes 13 de septiembre abogados y procuradores se movilizarán en Granada, ante la Tesorería General de la Seguridad Social, para reclamar "jubilaciones dignas", pues, según censuran, "mientras todos los trabajadores tienen pensiones dignas según sus cotizaciones", a ellos se les "niega" esa posibilidad.

Abogados y procuradores llevan más de un año, a través del Movimiento #J2, reclamando una pasarela al sistema público de la Seguridad Social integrándose en el mismo en el Régimen de Trabajadores Autónomos al descubrir que sus mutualidades no les ofrecen unas pensiones dignas.

La pasarela al RETA que el Gobierno ofrece para ello es una pasarela voluntaria para todos (activos, pasivos y activos pasados al RETA) de aquellos profesionales dados de alta en sus mutualidades hasta 2005 para abogados y 2012 para procuradores, que acrediten su vulnerabilidad, y poniendo fin a la alternatividad (elección entre alta en autónomos o en mutualidad) en el año 2027.

Para el Movimiento #J2 la solución a la situación de estos profesionales dada por el secretario de Estado, Borja Suárez, y la Ministra de Inclusión y Seguridad social, Elma Saiz, supone que para este "Gobierno las pensiones son cuestión de clases sociales".

Así lo señala en una nota María Teresa Vera, portavoz del Movimiento J2 Granada, que entienden que la solución planteada "no va a arreglar la situación actual de los abogados y procuradores jubilados ni la de aquellos que estando en activo se jubilen, sino que es cuestión de clasismo y caciquismo por parte de un Gobierno que se presupone progresista, socialmente a favor de todos los ciudadanos".

"El Estado queriendo regular la situación irregular a la que han llegado abogados y procuradores, así como otros profesionales que tienen la mutualidad como sistema alternativo al Régimen de Trabajadores Autónomos, reconoce que el sistema mutualista es fallido y que hay que protegerlos, motivo por el que se anunció en su día por la ministra de Inclusión y Seguridad Social que había que dar una solución a abogados y procuradores porque sus pensiones que no alcanzan mas de 300 o 400 euros mensuales, y que dicho sistema deberá desaparecer, fijando fecha para ello en el año 2027. Entiende que debe de hacerse con aquellos profesionales que acrediten su vulnerabilidad", relata el colectivo.

El secretario de Estado, Borja Suárez, explicó hace unos días en una reunión mantenida con el Movimiento #J2 y otras asociaciones, según fuentes del movimiento, que la propiedad de un piso, vivienda habitual del abogado y procurador, "ya hace que no sea vulnerable porque pudo haber cotizado en el RETA y no en la mutualidad en lugar de invertir en bienes inmuebles".

Para el Movimiento #J2 el secretario de Estado "olvida que para cobrar una pensión no contributiva o el IMV o la renta de inserción, la vivienda habitual no es tenida como requisito, por lo que se preguntan si los abogados y procuradores son trabajadores o ciudadanos de segunda, que no merecen la misma protección".