Los Ayuntamientos de Castril y Cortes de Baza, junto a la Plataforma por la Defensa del Río Castril, han solicitado al Tribunal Superior de Justicia andaluz plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por las obras de emergencia del trasvase de dicho río, al norte de Granada.

En la demanda presentada contra la continuación del proceso de expropiaciones de las obras del trasvase pretenden que se acuerde someter el proyecto de emergencia a Evaluación de Impacto Ambiental.

Según han informado este lunes en comunicado, el motivo de tal solicitud se debe a que las obras realizadas y que se pretenden acabar no corresponden al proyecto presentado en su día por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

El proyecto presentado adolece, a juicio de los demandantes, de "graves irregularidades y falsedades" ya que obvian el cruce del río Castril por tres puntos diferentes y afectan al Conjunto Histórico de Castril, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), incumpliendo y vulnerando la Directiva Hábitats 92/42/CEE y el articulo 4 de la Directiva Marco del Agua.

Por tanto, solicitan igualmente al TSJA que proceda inmediatamente a ordenar la paralización tanto de las obras como del procedimiento expropiatorio que se esta llevando a cabo, hasta tanto y cuanto no se resuelva este litigio por el Tribunal Europeo.

Todo lo planteado está integrado en la demanda presentada contra la continuidad del proceso de expropiaciones por parte de la Confederación, catorce años después de la hipotética declaración de emergencia, de una orden ministerial que nunca fue publicada, amparada en un decreto de sequía declarado nulo de pleno derecho por el Tribunal Supremo, han explicado.

"Obras que tampoco venían reflejadas luego ni tienen ni nunca han tenido respaldo legal alguno, motivo por el cual hemos pedido su nulidad o en su defecto su caducidad", han añadido.

Los demandantes creen que se trata de "todo un despropósito" por parte de la CHG y de su presidente, Joaquín Páez, que en vez de aceptar las soluciones consensuadas en el territorio donde se ubican las obras ha roto el consenso alcanzado y eligiendo la terminación de las obras "ilegales con justificaciones falsas".