El 'president' de la Generalitat y líder del PSPV, Ximo Puig, ha defendido este miércoles que el caso Azud no debería penalizarle en las elecciones autonómicas, además de asegurar que "los responsables políticos de aquel momento dicen que no hubo ningún tipo de financiación irregular" en su partido.
Así ha valorado, en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, las consecuencias electorales que podría tener Azud. En este caso se investigan 'mordidas' a cambio de adjudicaciones de obra pública del Ayuntamiento de Valencia durante la etapa de Rita Barberá por parte de empresas que habrían realizado facturas supuestamente ficticias, así como una supuesta financiación ilegal del PSPV.
"No debería (penalizarme), desde 2015 hemos dado la vuelta al calcetín de lo que significó la Comunitat Valenciana: del paradigma de la corrupción hemos pasado a tener una calidad democrática por encima de la media de las regiones europeas", ha aseverado, y ha subrayado que en estos casi ocho años "no se han producido casos de corrupción" en su gobierno.
Además, ha querido dejar claro que "los responsables políticos de aquel momento" en el PSPV le han confirmado que no hubo financiación irregular en las campañas electorales de 2007 y 2008, así como que "se actuó de acuerdo a las normas que había en aquel momento".
En cualquier caso, ha reiterado su respeto y confianza "absoluta" en la Justicia y ha quedado a la espera de "ver el final de toda esta historia", que ha enmarcado en unos años donde el PP gobernaba en todas las instituciones salvo en el Gobierno central.
"Es muy importante que se sepa toda la verdad. Desde luego, se asumirán las consecuencias por parte de quien corresponda", ha recalcado, para reiterar que no hay ningún cargo imputado por Azud que milite actualmente en su partido a diferencia de algunos del PPCV.
Al margen de este caso, respecto a la posibilidad de un adelanto electoral en la Comunitat, ha reiterado que los comicios serán en mayo "si no cambia ninguna circunstancia", ya que ha hecho notar que "las cosas en este país cambian tanto que siempre cabe la posibilidad". "Lo razonable es que las elecciones se produzcan en mayo (...) No hay ningún motivo que permita pensar en un adelanto", ha subrayado.
Preguntado por si el "efecto Pedro Sánchez" le beneficia o perjudica electoralmente, Puig ha sostenido que los ciudadanos son suficientemente maduros como para "entender cada vez lo que vota y en qué condiciones". Dicho esto, ha defendido que las políticas sociales estatales son "extraordinariamente positivas" porque permiten "atravesar mejor las crisis".
"Claro que esa acción del Gobierno suma, porque está alineada con lo que hemos intentado hacer", ha insistido, y ha remarcado que no tiene "ningún problema" con la presencia de Sánchez en la Comunitat. De hecho, ha instado a que estuviera "incluso más, sabiendo más lo que pasa para tomar mejores decisiones".
Con todo, ha pedido esperar a ver qué pasa en estos cinco meses y ha puntualizado que no puede "engañar" a nadie porque es miembro del PSOE y, al mismo tiempo, "presidente de todos los valencianos hayan votado a quien hayan votado". "Para mí lo más importante es la Comunitat", ha enfatizado.
Respecto a si comparte la posición del Gobierno con los partidos independentistas, el líder del PSPV ha reiterado que la relación del Estado con Cataluña ha cambiado "sustancialmente" en los últimos años y que lo reflejan incluso los barómetros de la Generalitat catalana. Ha vuelto a defender que no hay vía alternativa al diálogo y que aunque "hay medidas que puedan ser discutibles, el objetivo de la política es establecer puentes".
Cuestionado por la reforma del delito de malversación, ha sostenido que lo importante es ver el "planteamiento global" del Gobierno y no analizar las medidas una a una porque "probablemente no tiene mucho sentido". "Es compatible el estado de derecho con la defensa del diálogo: ese es el camino", ha abundado.
En esta línea, ha instado a que las reformas del Código Penal siempre estén "muy meditadas" y no tengan consecuencias negativas para "el gran objetivo de acabar con la corrupción y castigarla adecuadamente", algo que ha señalado que han venido garantizando los representantes del Gobierno.
