Fuentes redactó un convenio pese a saber que prescindía de las exigencias legales y que con él ocasionaría un perjuicio a las arcas municipales
La Audiencia de Granada juzgará a partir del próximo martes al exconcejal de Personal del Ayuntamiento de Granada Juan Antonio Fuentes (PP), acusado de provocar un perjuicio de más de 864.000 euros a las arcas municipales con contratos irregulares para la televisión municipal.
Según el escrito provisional de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso EFE, los hechos se remontan a noviembre de 2011 cuando el procesado era concejal de Personal y responsable de la empresa pública que gestionaba la televisión municipal y firmó un contrato para la grabación de programas y servicios para TG7.
Ese contrato se modificó en diciembre de 2012, cuando la propuesta de Fuentes pasó por la Junta de Gobierno Local (JGL), que aprobó pagar un 26,8 % más por menos trabajo y elevó la cuantía a la productora que trabajaba para la televisión municipal hasta los 629.576 euros.
Ya en julio de 2015 y para eludir el control de la Intervención municipal, según la Fiscalía, Fuentes redactó un convenio pese a saber que prescindía de las exigencias legales y que con él ocasionaría un perjuicio a las arcas municipales.
Acordó así abonar por servicios complementarios que en realidad no eran nuevos y acordó pagos por esponsorización pese a que sabía que no tenía "capacidad legal" para firmar este tipo de contratos.
Aunque lo llamó convenio era según el ministerio fiscal un contrato que debió pasar por Junta de Gobierno Local pero no lo hizo, un documento en el que se basó Fuentes para firmar en un solo día diferentes facturas conociendo servicios prestados pese a carecer de referencias de precios para esos trabajos audiovisuales.
Con ese sistema pagó parte de las facturas con fondos de entes públicos del Ayuntamiento como la empresa Emasagra o Granada Educa y firmó un reconocimiento de deuda, actuaciones con las que ocasionó un perjuicio a las arcas municipales de más de 864.000 euros.
La Fiscalía ha calificado los hechos como un delito continuado de prevaricación y ha solicitado una pena de 15 años de inhabilitación para cargo o empleo público.
El exconcejal será juzgado por el conocido como "Caso TG7" en tres sesiones y desde el próximo 7 de noviembre en la Sección Segunda de la Audiencia de Granada.