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Sábado 23/11/2024
 

Granada

El Colegio de Abogados de Granada rechaza el pacto PSOE-Junts

La junta de gobierno del Colegio de Abogados ha manifestado su "profunda preocupación" ante el acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez

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  • Rueda de prensa del Colegio de Abogados de Granada. Foto de archivo. -

La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Granada, en sesión extraordinaria celebrada este viernes, ha aprobado una declaración institucional en la que muestra su "profunda preocupación" por el documento suscrito entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez por cuanto entiende que "supone un ataque frontal al Estado de Derecho".

"Como juristas y alejados por supuesto de toda connotación política", según han indicado en este comunicado institucional, el acuerdo pone en su opinión "en serio peligro la independencia del Poder Judicial y el principio básico de separación de poderes".

Para los letrados, "resulta inadmisible permitirse cuestionar" desde la política --a través de las denominadas "comisiones de investigación"-- las actuaciones de jueces y tribunales y si se ha producido 'lawfare' (instrumentalización de la justifica con fines políticos) en tanto ello "supone una manifiesta injerencia en la labor judicial de impartir justicia, eliminándose de facto la separación de poderes, pilar básico" de la democracia, que con ello se vería "seriamente amenazada".

Los juristas, en general, y la abogacía, en particular, no puede permanecer callados, según el Colegio de Abogados de Granada, ante "semejante vulneración de la Constitución y de las normas básicas del Estado de Derecho, y ello por la inseguridad jurídica que la simple posibilidad de que tales comisiones pudieran llegar a operar genera, aun bajo la supuesta legalidad parlamentaria".

"Porque se haría en contra de las legítimas decisiones de los tribunales y de la estricta aplicación de las leyes, quebrando el principio de igualdad consagrado en nuestra Carta Magna, lo que sitúa a los justiciables en un estado de desequilibrio y arbitrariedad en función de factores que son ajenos al principio de legalidad y que vendrían dictados por intereses políticos, con evidente perdida de las más mínimas garantías constitucionales", han agregado.

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