La Audiencia de Granada juzgará a este mes a una pareja acusada de comprar todo el patrimonio de un matrimonio, la casa familiar y otras propiedades valoradas en más de 800.000 euros que devolvieron al marido en una estrategia diseñada por él cuando su mujer le pidió un divorcio con el que no estaba conforme.

Según el escrito provisional de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso EFE, los hechos tienen como antecedente el acuerdo alcanzado en 2002 entre la víctima y el que era su marido, al que concedió un poder notarial para que gestionase los bienes que tenía en una sociedad en régimen de gananciales.

El hombre, contra el que no se ejerce acusación porque ya ha fallecido, solicitó ese poder con el argumento de ejecutar las acciones más beneficiosas para la pareja y sus seis hijos.

Sin embargo, diez años después ella le propuso un divorcio de común acuerdo al que él se negó, momento en el que urdió un plan con los dos acusados, otro matrimonio.

Aprovechó entonces el poder notarial para simular la venta del patrimonio, en el que figuraban una nave industrial ubicada en Peligros (Granada), una vivienda unifamiliar en Huétor Vega (Granada) y un local comercial.

En los tres casos estableció una cifra y recogió en la escritura de compraventa que se pagaba una parte menor en efectivo y el resto en un cheque que nunca se giraba.

Así, con la vivienda se pactó un precio de venta de 75.000 euros y se dieron por abonados 25.000, sin que se llegase a transferir el resto del dinero.

Cuando el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer 1 de Granada dictó la sentencia de divorcio, ya en 2013, concedió a ella la vivienda en la que residía la familia y ordenó la liquidación de la sociedad en gananciales.

La mujer descubrió entonces que ni la casa en la que vivían era suya ni tenía ni dinero ni bienes que liquidar.

Según la Fiscalía, las propiedades transmitidas por el exmarido de la víctima a los dos procesados tenían un valor real de 815.000 euros.

El matrimonio que simuló la compra de los bienes firmó también después la cesión de todas las propiedades al exmarido de la víctima, el mismo que se las vendió antes del divorcio.

La Fiscalía ha calificado los hechos como un delito continuado de estafa o, de manera alternativa, uno también continuado de apropiación indebida, y ha solicitado para cada uno de los procesados una condena a siete años de prisión.

Los dos acusados serán juzgados por estos hechos en dos sesiones que se celebrarán desde el próximo 12 de diciembre en la Sección Segunda de la Audiencia de Granada.