El Ayuntamiento de Zújar, en el norte de la provincia de Granada, ha defendido este martes su papel poniendo en conocimiento de la Fiscalía el caso por el que la Audiencia Provincial ha condenado por un delito de prevaricación en concurso con otro de malversación a una pena de un año y medio de prisión al exalcalde Juan José Pérez (PSOE), y a la que fue su primera teniente de alcalde, Rosario Moreno (PP), por la contratación con fondos públicos de unos informes periciales que "sólo a ellos beneficiaban". "Estos hechos no podían quedar inmunes", han indicado desde el consistorio.
Para el Ayuntamiento, la sentencia demuestra que los hechos "eran lo suficientemente graves y tristes como para que fueran investigados por la justicia". Según ha reconocido a Europa Press el alcalde, Salvador Moreno, la satisfacción que a nivel político ha dejado esta sentencia en su equipo, independientes agrupados en las siglas Gente de Zújar, llega en su caso a lo personal.
Es así en tanto los mensajes que se investigaron en estos informes pagados con fondos públicos los había publicado en redes su mujer en relación con los permisos que esperaban para la terraza de un bar del que son propietarios, y que tienen alquilado en el municipio, de unos 2.600 habitantes.
Para el actual equipo de gobierno local, según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, "no es plato de buen gusto que Zújar sea noticia por estas condenas y más" en relación con dos personas, alcalde y primera teniente de alcalde en el mandato de 2015 a 2019, que "durante mucho tiempo fueron los legítimos representantes de los zujareños".
"No es de recibo que personas que han sido elegidas por el pueblo utilicen la institución municipal para valerse de la misma para sus intereses y odios personales", han indicado, añadiendo que, "desde el primer momento y pese a las críticas recibidas por parte de los ahora condenados, que nos acusaban de judicializar la política y de mentir, entendimos que estos hechos no podían quedar impunes".
"Casi cinco años después la justicia nos ha dado la razón y ha puesto a cada uno en su lugar y esperamos que esta condena haga recapacitar, primero a los ahora condenados y segundo, a todos los que nos criticaron y defendieron la actuación de estos representantes políticos, para que hechos como estos no vuelvan a producirse pues no vienen sino a desprestigiar esta labor tan loable como es la actividad política al servicio de los vecinos."
Asimismo, Salvador Moreno ha adelantado que el Ayuntamiento, que ejercía la acusación particular en este caso, no recurrirá la sentencia, de fecha 13 de diciembre, y contra la que cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
La que fuera teniente de alcalde es condenada también al pago de una multa de 1.440 euros y a tres años y medio de inhabilitación especial para cargo o empleo público. Pérez a su vez habrá de pagar 1.260 euros de multa y estará inhabilitado para cargo o empleo público por tres años. Ambos indemnizarán de forma conjunta y solidaria al Ayuntamiento de Zújar, que ha ejercido la acusación particular en este caso, representado por los letrados Rafael Revelles y Carlos Jiménez, en la cantidad de 3.614 euros.
Los hechos se remontan al 2 de agosto de 2018, según detalla la sentencia en sus hechos probados, cuando ambos se pusieron "de acuerdo" para encargar esta pericial sobre los mensajes publicados en una red social sobre Rosario Moreno, acordándose para ello tres meses después un pago por un importe de 3.410 euros, que con IVA fue de la cantidad con la que ahora ambos condenados han de indemnizar al Ayuntamiento.
La edil "recibió personalmente los informes periciales" que se derivaron de este contrato menor, los cuales "sólo a ellos beneficiaban", explica el tribunal en sus fundamentos de derecho. Luego, "tras recibirlos personalmente, no dejó constancia de su existencia y recepción en el Ayuntamiento, utilizándolos en su único y exclusivo beneficio personal, para interponer una querella".
La Fiscalía pedía un año y medio de prisión y 14 años y medio de inhabilitación para ambos por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación en la contratación con fondos públicos. Ambos defendieron en la Audiencia la legalidad de su actuación en este asunto durante el juicio que se celebró contra ellos en la Sección Primera a principios de diciembre.
