El coordinador local de Izquierda Unida en Granada, Francisco Puentedura, ha denunciado la imposición del Partido Popular en el Ayuntamiento de la ciudad, calificando como “escandaloso y leonino” el aumento de plazas de estacionamiento limitado.

Según Puentedura, esta medida, que incrementaría la zona azul en más del 50%, constituye un intento de hacer caja a expensas de la privatización de las vías públicas, afectando especialmente a los residentes, servicios esenciales y pequeños comercios.

La propuesta del equipo de Gobierno, “que busca recaudar un millón de euros adicionales”, ha despertado la preocupación de Izquierda Unida, que la ve como “una nueva carga para los ciudadanos”. El coordinador local advierte que la medida no solo afectará a los residentes, sino que también tendrá un impacto negativo en aquellos que necesiten acceder a servicios esenciales como hospitales y en los pequeños comercios de la ciudad.

En palabras de Puentedura, “lo que está haciendo el Partido Popular es privatizar las vías públicas y ahogar especialmente a los residentes de la ciudad de Granada”. El aumento de plazas de estacionamiento limitado, según denuncia, se traduce en “una nueva tasa, tributo e imposición para los granadinos y granadinas, generando una situación insolidaria que afecta a las familias más vulnerables y a los trabajadores que dependen del vehículo en sus desplazamientos diarios”.

IU señala que la ampliación de la zona azul en zonas como el Zaidín, Los Cármenes, el Palacio de Deportes y el entorno del PTS, implicará que las personas con movilidad reducida y aquellos que necesiten acceder a servicios hospitalarios se vean obligados a pagar por estacionar.

La ampliación afecta también a áreas históricas como el Albaicín y el centro, o a barrios como Albayda u otras zonas del Distrito Norte, donde se establecerán nuevas plazas de estacionamiento limitado, dificultando aún más la vida de los residentes y afectando al pequeño comercio. Se destaca la contradicción de aumentar las restricciones en lugar de facilitar el estacionamiento para los residentes, convirtiendo estas áreas en lugares menos habitables.

Puentedura lamenta que la medida va en contra de la ordenanza de estacionamiento limitado, ya que se prevé el aumento de zonas sin consenso ciudadano y sin consultar a los vecinos. Se hace hincapié en el incumplimiento de la ordenanza modificada en 2010, donde no se solicitaron informes vinculantes a asociaciones de vecinos y colectivos vecinales.

En este sentido, Puentedura critica la falta de diálogo con las juntas municipales y distritos, señalando que solo se les informa, pero no se busca su opinión vinculante en la regulación de la zona de estacionamiento limitado. Para Izquierda Unida, esta falta de consenso ciudadano refleja una decisión meramente economicista, que busca pasar por caja a costa de los ciudadanos y ciudadanas de Granada, sin promover la movilidad sostenible.

En conclusión, Francisco Puentedura y su partido denuncian la imposición del Partido Popular en el Ayuntamiento de Granada, argumentando que la medida propuesta no solo afectará a los residentes y pequeños negocios, sino que también socavará la movilidad sostenible en la ciudad. Izquierda Unida aboga por un enfoque más participativo y consensuado que respete las necesidades reales de los ciudadanos y promueva una ciudad más habitable y sostenible.