La Fiscalía ha pedido penas de diez años de prisión en un caso con siete acusadas por la presunta comisión de dos delitos de prostitución abusiva y otro contra la salud pública en un burdel de Granada capital, entre ellas una en la que concurre la agravante de reincidencia, por lo que la solicitud de pena asciende en su caso hasta los doce años.
En el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, se apunta que las acusadas tienen entre 60 y 32 años, entre ellas algunas con nacionalidades brasileña y colombiana, y todas ellas españolas por naturalización o residencia legal, salvo una, en situación irregular, sobre la que pesa la citada agravante.
Dos de las acusadas, de 59 y 44 años, habrían sido las responsables de regentar el negocio, en dos plantas de un inmueble ubicado en el barrio de Doctores, y anunciado en una página web, con la finalidad, según el fiscal, "de lucrarse con la prostitución ajena".
La primera de ellas era la supuesta responsable del alquiler del inmueble "por importe de 1.300 euros mensuales y acondicionado para esta actividad, convirtiendo todas las habitaciones en dormitorios para el ejercicio de la prostitución menos una en la que alojaba a las mujeres en literas".
Participaban también presuntamente las otras cinco procesadas, quienes, para el fiscal, "eran encargadas del negocio por turnos de 12 horas entre semana y otros dos turnos los fines de semana". De este modo habrían estado al cargo de presentar a las mujeres a los clientes y de realizar "los cobros de los servicios, amén de otras funciones propias de esta actividad".
Según prosigue el ministerio público en su relato de hechos, también "se vendía cocaína a los clientes, sustancia que era ofrecida por las mujeres que ejercían la prostitución por orden de las acusadas, quienes recaudaban directamente el dinero de la venta".
Dos testigos protegidas en esta causa habrían "consentido en esta actividad debido a su condición de extranjeras, su precaria situación económica en España, tener obligaciones familiares en sus países de origen y carecer de soporte familiar o social en Granada". En el caso de una de ellas a todo ello se unía "su situación administrativa irregular, que le impedía el acceso a otra clase de trabajo".
Estas circunstancias habrían sido aprovechadas por las acusadas para, añade el fiscal, "imponerles condiciones de trabajo abusivas", obligándoles supuestamente a "fotografiarse desnudas y en poses provocativas para subir las fotos a la web".
"Tenían que vivir y pernoctar en la casa, donde dormían en literas, y estar disponibles las 24 horas al día para acudir al salón a cualquier hora para hacer la pasarela", que era "una exhibición ante el cliente para su elección, situación que se daba especialmente en las horas de descanso".
Asimismo, supuestamente "sólo podían salir dos horas al día para las compras de comida y aseo, siempre antes de las 19,00 horas y dentro de una zona delimitada para poder volver inmediatamente en caso de que llegara un cliente" y percibiendo "el 60 por ciento del precio de los servicios que prestaban, que eran para 15, 20, 30 y 60 minutos, 30, 40, 50 y cien euros respectivamente".
También les habrían estado cobrando "30 euros por la estancia simulando un contrato de subarriendo de habitación con el que se pretendía simular la actividad que realizaban en caso de intervención policial" y podido multar "con 50 euros en caso de que su comportamiento no fuera del agrado de las acusadas".
En registros realizados en el burdel y en los domicilios de las dos acusadas de regentar el negocio se halló droga por valor de 669 euros. Las siete procesadas se enfrentan, por los dos supuestos ilícitos de prostitución abusiva, a 6.480 euros de multas.
Por el de drogas se enfrentan a 1.500 euros de multas. Es en este supuesto ilícito en el que una de las acusadas podría ser reincidente por lo que la pena de prisión de cuatro años que se pide para ellas, se ve incrementada hasta los seis en su caso.
Por la presunta comisión de los delitos de prostitución, el fiscal interesa tres años por cada uno de los dos. El ministerio público prevé que estos hechos sean enjuiciados este próximo mes de marzo en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada.
