Para la presente campaña, que acaba de comenzar y se alargará aproximadamente hasta finales de septiembre e incluso octubre si la calidad lo permite, la compañía comercializará patatas cultivadas en campos de Murcia (Cartagena), Andalucía (Sevilla, Málaga, Almería), Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, Euskadi (Araba/Álava), Canarias (Tenerife y Gran Canaria) e Illes Balears (Mallorca e Ibiza), gracias a los acuerdos estables que mantiene con los proveedores Patatas Hijolusa, Patatas Meléndez, Patatas Gómez, Udapa, Cadimisa, Illacamp, Papacan, Mr. Chippy y Legufrut. En Andalucía, los planes de Mercadona pasan por comercializar 25.000 toneladas de patatas, un 19% más que en la campaña anterior.
Mercadona ofrece ya patata nacional en todas sus tiendas en sus tres principales formatos: a granel, malla de 3 kilos y malla de 5 kilos. Conforme avance la campaña, irá incorporando la patata nacional en el resto del surtido: roja, especial para freír, para guarnición y para microondas.
Compromiso con el origen y la calidad
El volumen de compras de patata nacional previsto para la presente campaña, que acaba de arrancar, responde a la apuesta de Mercadona por la fruta y verdura de proximidad. Como todos los años, durante la campaña española y cuando el producto cuenta con la calidad que demandan sus “jefes” (como denomina internamente a los clientes), hay patata 100% española procedente de diferentes comunidades autónomas, lo que refleja la apuesta de la compañía por el sector.
En 2023 las compras de Mercadona en España alcanzaron los 27.142 millones de euros, un 22% más que el año anterior. Una firme apuesta por el sector primario español que da como resultado que más del 85% del surtido de Mercadona sea de origen nacional, con productos cultivados, pescados, elaborados o transformados en España.
Asimismo, Mercadona defiende las prácticas comerciales justas y desde hace años está adherida al Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria. Este acuerdo voluntario, que supone un paso en la promoción de prácticas comerciales justas, se enmarca en la Ley de Medidas para Mejorar el Funcionamiento de la Cadena Alimentaria y está impulsado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) en colaboración con distintas asociaciones de toda la cadena agroalimentaria nacional.
