Una semana después de que decenas de jóvenes acamparan en la universidad complutense de Madrid contra el genocidio israelí y una Palestina libre, una quincena de estudiantes hicieron lo propio en el Campus de Puerto Real, instalando cuatro en la explanada frente al Centro Andaluz Superior de Estudios Marinos. Aunque con un número discreto de participantes, la Universidad de Cádiz (UCA) se contagia del fenómeno surgido en EEUU que se ha extendido por Europa, España y, también, en los últimos días, en Andalucía, con Sevilla y Granada como ciudades donde el movimiento reivindicativo se defiende con mayor intensidad.
“Esperemos que la protesta se fortalezca en Cádiz, es una buena señal”, celebra Lourdes Riquelme, vicepresidenta del Consejo de Estudiantes de la UCA. “Los universitarios somos reflejo de la sociedad, pero también debemos ser ejemplo y movilizarnos contra lo que consideramos que no es correcto y este conflicto es una barbaridad”, agrega.
“No hay movimiento de reivindicación ni espíritu de lucha como había antes” en los campus gaditanos ni en el resto del territorio nacional, lamenta por su parte, Miguel Ángel Pérez, presidente del órgano al que pertenece su compañera, quien también valora la acampada en Puerto Real como algo positivo.
Lo cierto es que la UCA es una balsa de aceite en este sentido. Hace más de una década, alumnos universitarios participaron de la ocupación de Valcárcel y, en el repaso a las hemerotecas, solo destacan un par de episodios más: el primero de ellos, en 2014, cuando alumnos Estudiantes de la Universidad de Cádiz (UCA) interrumpieron un claustro de profesores exigiendo “explicaciones” por los gastos efectuados con las denominadas tarjetas black por el equipo de dirección de la UCA entre 2007 y 2011; el otro, en abril de 2019, cuando la UCA se vio obligado a suspender un acto programado del ministro Fernando Grande-Marlaska en el Campus de Jerez por las presión estudiantil.
Motivos no faltan, sin embargo, para levantar la voz, apunta Lourdes Riquelme, que señala la aprobación por parte de la Junta de Andalucía de dos nuevas universidades privadas en la comunidad y el impulso a otras dos, algo que, en su opinión, perjudica seriamente a la educación pública y rebaja la calidad de la enseñanza. Pero “la comunidad universitaria está narcotizada”, apunta Miguel Ángel Pérez. La causa, explica, se halla en las exigencias del Plan Bolonia, que obliga a los alumnos a acudir a clase, someterse a evaluación continua, con la presentación de trabajos y la asistencia a seminarios de manera permanente para aprobar las asignaturas. “No hay tiempo para el debate, la reflexión, no hay tiempo para la vida universitaria”, añade.
Fuentes del Sindicato de Estudiantes admite la dificultad para encontrar afiliados en los campus gaditanos y un docente, curtido en el activismo social, asume con resignación “la atonía y la falta de compromiso político” de una generación que solo se expresa, si lo hace, sobre cuestiones de interés general en redes sociales”. El clic no basta, lógicamente, para tomar partido, afirma Riquelme, quien alerta, asimismo, de que nos encontramos con jóvenes que “no están politizados, sino polarizados” por un debate virtual que se desarrolla, sin espacio para la moderación y el intercambio de ideas, en las pequeñas pantallas de sus móviles.
