El Juzgado de lo Contencioso Administrativo 2 de Granada ha obligado a la Junta a fijar una indemnización para la familia de una anciana que recibió la ayuda aprobada de la Dependencia con 26 meses de retraso, después de que ella hubiera muerto, y superando en 20 meses la espera máxima.

La sentencia, contra la que no cabe recurso y a la que ha tenido acceso EFE, estima el recurso presentado por dos mujeres contra la resolución dictada por la Junta que les negaba su derecho a ser indemnizadas por los meses de retraso con los que se gestionó la ayuda a la dependencia de su madre.

La causa judicial se remonta a junio de 2020 cuando, en un contexto de covid y con sus restricciones, las dos hermanas solicitaron a la Junta una indemnización por tramitar con 26 meses de retraso la ayuda a la dependencia de su madre.

La familia afectada había solicitado, en octubre de 2017, una prestación económica del Programa de Atención Individual para que una de las dos hijas se encargara de cuidar a su madre.

La Junta respondió a esa petición 32 meses después, con 26 de retraso, aprobando dicha prestación económica, por lo que las afectadas interpusieron la reclamación patrimonial.

El Gobierno andaluz reconoció entonces que se había excedido el plazo máximo de seis meses para gestionar la Dependencia, pero negó la opción de recibir una indemnización porque las dos afectadas habían solicitado la compensación un día fuera de plazo.

Las dos hijas de la beneficiaria, que murió durante el proceso judicial, pusieron la causa en manos del letrado José Ramón Márquez, del despacho Márquez Sánchez & Delgado Abogados, que recurrió ese dictamen en el que la Junta les negó su indemnización por haberla pedido un día tarde.

"Aunque la Junta admitía sus dilaciones indebidas y que las hijas tenían derecho a la reclamación, se agarran a ese día sin tener en cuenta que estaban las restricciones covid y sin que se pueda comparar ese día con los 26 meses de retraso que tardaron en gestionar las ayudas", ha explicado a EFE Márquez.

La titular del juzgado encargado de la causa ha apuntado en su sentencia que el retraso en gestionar la ayuda de la Dependencia supone "dilaciones indebidas no imputables" a la afectada y ha recalcado que las reclamaciones coincidieron con el covid, circunstancia que no tuvo en cuenta la Junta en sus cálculos.

Con este contexto, el Contencioso ha anulado el dictamen con el que la Junta denegó la indemnización a la familia afectada y le ha ordenado recuperar el proceso en ese punto.

"La juez recuerda además que la Junta ya reconoció que la ayuda de la Dependencia se había tramitado con meses de retraso", ha añadido el abogado de la familia, que solicitó una indemnización de 9.000 euros más los intereses.

La Junta tendrá que fijar ahora la cuantía de la indemnización, que Márquez espera concuerde con sus peticiones, y compensar a las herederas de la mujer fallecida.

La sentencia obliga ahora a la Junta a entrar en el fondo de la cuestión y fijar con cuánto dinero indemniza a las afectadas por la demora en la gestión de una ayuda con la que pretendían mejorar la atención que recibía la anciana.