La comisión para la adaptación de la ordenanza de veladores de Sevilla, que mantuvo ayer una segunda reunión al objeto de seguir avanzando en el borrador de la normativa, acordó que se vuelva a introducir el máximo de 25 veladores autorizables por licencia y en función del espacio disponible, si bien el encuentro también se ha saldado con desacuerdos en aspectos tales como la autorización de nuevas mesas en los establecimientos incluidos en las Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS) o la metodología para otorgar las licencias.
Así lo indicó la presidenta de la plataforma cívica ‘Por el Derecho al Descanso’, Dolores Dávila, respecto a una reunión en la que también se ha consensuado, según el Ayuntamiento, que en cuanto a la renovación de las licencias, si el solicitante esta incurso en algún procedimiento sancionador por alguno de los supuestos infractores graves o muy graves recogidos en la ordenanza donde haya recaído resolución firme a la solicitud habrá de incorporarse informe favorable a la instalación emitido por el distrito municipal donde radique la actividad.
Otra de las propuestas adoptadas es que a partir del límite horario autorizado quedará prohibido servir consumiciones en los veladores, debiendo quedar recogidos como máximo media hora después. Asimismo, se ha anulado que sea infracción acumular las mesas y sillas en la vía pública antes de la hora de cierre de la actividad.
Asimismo, los servicios de restauración de los hoteles también podrán instalar terrazas de veladores en suelo de titularidad pública, siempre que dicho establecimiento disponga de un acceso directo desde la vía pública. Por otro lado, se regularán las instalaciones de calefacción por gas, siempre que en la autorización conste la instalación de elementos calefactores cuyo combustible sea gas. Este hecho debe venir expresamente recogido en la póliza de seguros, condición sin la cual no se otorgará la autorización de ocupación, a efectos de asegurar las condiciones de seguridad de las mismas. Por otro lado, vecinos y hosteleros han destacado la utilidad de la Junta Municipal de Distrito como instrumento canalizador.
