Un total de 47 familias han pasado esta semana por los juzgados de Sanlúcara durante la vista del juicio por un presunto delito de usurpación por ocupar y vivir en edificios sin estrenar y vacíos por lo que podrían ser condenados a multas de entre tres y seis meses. Los okupas de las ‘Corralas de la Dignidad’ de Bonanza, Los Ángeles y Martín Miguel declararon ante el juez en las jornadas del lunes y el martes al haber sido denunciados por los bancos propietarios de las viviendas que fueron allanadas antes del verano de 2014.

Son parte de las 150 familias que viven en las dieciséis corralas ocupadas que han surgido en la localidad gaditana desde hace dos años.

Son los primeros juicios contra estas ocupaciones, ya que cada una de ellas tiene abierto un proceso judicial distinto, por las distintas fechas en las que las familias decidieron instalarse en los pisos de estas promociones sin estrenar y vacíos.

En el juicio celebrado el lunes contra los ocupantes de la corrala de Bonanza, el promotor del edificio ha acreditado ante el juez que ese inmueble ya no le pertenece porque le fue embargado por La Caixa.

Las familias que viven en él, según explicó a Efe la concejal de IU Carmen Álvarez, han relatado al juez que entraron hace dos años en los pisos porque no tenían otro recurso y que las encontraron “destrozadas” porque llevaban cuatro o cinco años abandonadas. De hecho el magistrado ha admitido el material gráfico aportado por la edil sobre el estado en el que se encontraban los inmuebles.

Las familias han manifestado ante el juez su disposición a pagar un alquiler social al banco para poder seguir viviendo allí.

Alquiler social

La concejal de IU, que ha declarado en el juicio como testigo, ha reclamado que la Oficina de la Vivienda Digna creada hace unos meses en el Ayuntamiento de Sanlúcar medie con los bancos o promotoras propietarias de las corralas para que ofrezcan un alquiler social a las familias que residen en ellas, una vez que los técnicos municipales hayan determinado que son vecinos en riesgo de exclusión social.

El pasado 25 de junio fue paralizado en el último momento el desalojo de otra de las corralas de Sanlúcar, Trasbolsa, después de que la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), propietaria de los dos edificios que componen el inmueble, se ofreciera a negociar un alquiler social a las nueve familias que residen en ella desde hace un año.

La Sareb pidió la paralización del desalojo al juez y le informó de que había decidido abrir negociaciones directamente con los ocupas para ofrecerles alquileres sociales, aunque "a día de hoy" el trámite está paralizado y "nadie tiene aún un alquiler social", según la edil.

Apoyo grupos

Durante las dos sesiones del juicio se han llevado a cabo concentraciones de apoyo a los integrantes de las corralas a las puertas de los juzgados, en las que han participado concejales de los grupos municipales de Podemos e Izquierda Unida, quienes han reclamado inversiones en materia de vivienda social a la Junta de Andalucía.

El parlamentario andaluz de Podemos, Jesús Rodríguez, ha criticado que las administraciones tiene ahora una “solución fácil” para que estas familias en riesgo de exclusión “no pasen por el trauma de pasar una y otra vez por los juzgados” y se logre un alquiler social para ellas. “El balón está en el tejado del Ayuntamiento”, apuntó.

IU reclama "que las administraciones competentes, Junta de Andalucía y ayuntamiento, se tomen la problemática de la vivienda como una prioridad, que dejen de ponerse de perfil y que negocien con las entidades bancarias para conseguir la cesión de las viviendas de los bancos para ponerlas a disposición de quienes acrediten ante los servicios sociales municipales estar en situación de exclusión social y de emergencia habitacional".