La Asociación Bebés Robados Huelva no cesa en su empeño de descubrir la verdad de lo que ocurrió con el robo de bebés en la provincia de Huelva. Por ello, su presidenta, Esperanza Ornedo Mulero, acompañada del letrado de la asociación, José Luis Orta, se ha traslado los pasados 3 y 4 de noviembre a la capital de España con el fin de impulsar su lucha.
Tres han sido las reuniones celebradas en Madrid: con la Fiscalía General del Estado, con representantes del Senado y con el Ministerio de Justicia.
La primera reunión se ha celebrado en la sede de la Fiscalía General del Estado y en ella se han tratado varios puntos relativos al apoyo desde Madrid en las actuaciones que se deben llevar a cabo en toda España, y en concreto en Huelva, basadas en la Circular vinculante que en su momento emitió el Fiscal jefe Eduardo Torres Dulce. Dicho apoyo se traduce entre otras medidas: no solicitar el archivo de las actuaciones hasta en tanto no se desarrollen las investigaciones al completo, contemplar el delito como detención ilegal y determinar que la prescripción legal de 15 años no se compute desde el nacimiento del bebé robado, sino desde que tuvo conocimiento del delito.
Por su parte, según han indicado desde la asociación, la segunda reunión tuvo lugar en el Senado, donde representantes de la cámara alta trataron de forma específica el impulso a la futura Ley de bebés robados, norma que actualmente se encuentra en proceso de formación (proposición de Ley) y se están incorporando enmiendas para darle un cuerpo concreto final.
La tercera y última reunión tuvo lugar con el Ministerio de Justicia, el cual expresó su” interés” en la futura ley, en la que se contempla tipificar la sustracción de bebés como un delito concreto y que la prescripción se amplíe para que los afectados puedan ejercer sus derechos. También se habló de la idea de “fijar como víctimas en el más amplio concepto legal a los bebés robados, adultos actualmente, y a sus familias directas, así como la posibilidad de que los asuntos lleguen al Tribunal Supremo para que unifique la doctrina existente a través de una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”.
