El Gobierno emitirá antes del 31 de marzo de 2023 al informe final del proyecto 'Impacto de las actividades agrícolas en la fauna de los parques nacionales' (APAN), ejecutado desde el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) y desarrollado entre diciembre de 2019 hasta diciembre de 2022 y que detectó "diferentes pesticidas" en aguas y sedimentos de Doñana recolectados en 2021, "identificándose posibles prácticas ilegales, ya que se detectaron en aguas seis pesticidas no permitidos".
Así lo ha indicado el Gobierno en respuesta a una pregunta realizada al Congreso de los Diputados por parte de Unidas Podemos en relación a este estudio y la presencia de estos pesticidas, consultada por Europa Press, en la que señala que también se encontraron otros siete pesticidas más que, "mediante la reciente regulación de 2022, pasarán también a estar prohibidos".
Este proyecto ha sido financiado por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, en el marco de la Convocatoria de Ayudas a la Investigación en materias relacionadas con la Red de Parques Nacionales, (Año 2017) y los resultados provisionales obtenidos se presentaron en XVI Jornadas de Investigación de la Red de Parques Nacionales 2022 que tuvieron lugar del 26 al 28 de octubre de 2022 en Ronda (Málaga).
A este respecto, el Gobierno ha señalado que entre esos resultado se indicaba que la evaluación del riesgo en organismos acuáticos muestra un riesgo alto en los 20 puntos de muestreo seleccionados, así como que se han detectado diversos pesticidas en huevos de aves de cinco especies diferentes observándose una disminución de los niveles de pesticidas organoclorados "prohibidos ya hace décadas". Sin embargo, "se ha observado un incremento de los niveles de otros pesticidas como los piretroides o el oxadiazon en las muestras más recientes".
Asimismo, apunta que el estudio indica que los niveles de pesticidas, en el caso de las águilas calzadas, "afectan a su reproducción reduciendo el éxito de eclosión del huevo, así como el éxito de reproducción".
También ha informado de que, igualmente, estos resultados provisionales se presentaron en el Consejo de Participación de Doñana, de forma que el director de la Estación Biológica de Doñana (EBD) del CSIC, Eloy Revilla, presentó un breve resumen de los mencionados resultados. Entre los presentes se encontraban, entre otros, el director del Organismo Autónomo Parques Nacionales, miembros de la Junta de Andalucía, organizaciones sociales como WWF España, Ecologistas en Acción y SEO Birdlife.
Por otro lado, el Gobierno ha destacado que en el transcurso del proyecto se emitieron "los correspondientes informes científicos parciales", el 5 de marzo de 2021 y el 30 de marzo de 2022, en los cuales se presentaba la memoria justificativa del desarrollo del proyecto.
Además, ha reseñado que los resultados obtenidos en el transcurso del Proyecto APAN son "bastante novedosos", ya que, "son muy limitados los estudios previos sobre contaminación por pesticidas en el entorno de Doñana" y que los estudios previos, "solo se centraban en unas pocas familias de pesticidas mientras que el estudio actual abarca una mayor variedad".
En este sentido, apunta que existen trabajos previos publicados en revistas científicas en que se reportan niveles de pesticidas organoclorados (Guitart et al., 2005; Gómara et al., 2008) e insecticidas piretroides (Corcellas et al., 2017) en huevos de aves de Doñana, así como en muestras de carnívoros (Mateo et al., 2012), pero que "sin embargo, no existen trabajos publicados en lo que se refiere al análisis en muestras de agua y suelos/sedimentos".
Por otra parte, desde el Gobierno han reseñado que desde el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua del CSIC su investigadora, Ethel Eljarrat, ha sugerido la posibilidad de "llevar a cabo una mayor labor de inspección y de vigilancia ambiental que asegure la calidad del agua que llega al Parque Nacional de Doñana para así evitar daños en las diversas especies que habitan allí".
"Es importante detectar las posibles prácticas ilegales para determinar su procedencia y poder actuar en consecuencia. Además, a partir del año 2022, la lista de pesticidas prohibidos ha aumentado y varios de estos nuevos pesticidas prohibidos fueron detectados en el muestreo de 2021", ha reseñado.
De otro lado, el Gobierno ha explicado que hay que "con el objetivo de garantizar y reforzar el cumplimiento de los objetivos de la Directiva de Uso Sostenible de Productos Fitosanitarios, en vigor, España" está "avanzando" en el desarrollo de herramientas electrónicas que "permitan por un lado mejorar el control de toda la cadena de suministros de productos fitosanitarios" y, por el otro, "de disponer de la mejor información posible para la toma de decisiones en este
ámbito".
Esto, trabajando en dos herramientas como el Registro Electrónico de Transacciones de Productos Fitosanitarios (RETO), que tiene como finalidad registrar electrónicamente todas las transacciones que realicen en el marco de la comercialización de productos fitosanitarios, "con la finalidad de tener una trazabilidad completa de la cadena de suministro".
También en el cuaderno de explotación electrónico. Así, con la finalidad de que esta aplicación registre el uso de productos a nivel de explotación agrícola, "se está trabajando para garantizar a través de esta el seguimiento de las obligaciones en materia de Gestión Integrada de Plagas, mediante el cálculo de los indicadores de uso sostenible en la explotación agrícola".
"Estas herramientas se utilizarán para poner en marcha un programa de seguimiento individualizado y reducción del Uso de Productos Fitosanitarios a nivel de explotación agrícola, el cual entrará en vigor en el año 2023, tras la aprobación del Real Decreto 1050/2022, de 27 de diciembre, siendo este Real Decreto una de las medidas incluidas en el Plan Estratégico de la PAC (Pepac), presentado por España a la Comisión europea", concluye el Gobierno.
