María del Reposo Carrero, abogada de Ruth Ortiz, ha indicado, tras conocer el escrito de defensa presentado por José María Sánchez de Puerta sobre la desaparición de los hermanos Ruth y José, que ella "esperaba ver al abogado pero desgraciadamente sigue mandando José Bretón", el padre de los niños.
En ese escrito, Sánchez de Puerta solicita para su cliente, José Bretón, padre de los dos niños de 2 y 6 años desaparecidos en octubre de 2011 en Córdoba, la absolución y ha argumentado que los restos óseos hallados en la finca de Las Quemadillas fueron "cambiados" y "manipulados" por la "presión mediática".
En declaraciones a Efe, Carrero ha manifestado que el escrito pone de manifiesto que "el pleito lo lleva Bretón y no su abogado", y considera que ante eso "lo único que puede es alegar lo típico en estos casos por rellenar papel, sólo eso".
Por lo que respecta a lo que alude Sánchez de Puerta en relación a los restos óseos, la abogada de Ruth Ortiz ha indicado que puede asegurar, "por ser testigo directo", que esos huesos "sólo tienen importancia" cuando el forense Francisco Etxeberria -que fue quien 10 meses después de la desaparición determinó que esos restos eran humanos y de menores- se pone en contacto con ella.
"Ninguna presión mediática pudo hacer nada para encontrar a los niños. Respeto a mi compañero pero me acusa a mi también de manipulación, de falsear, de coincidencias, por ahí no voy a pasar", ha asegurado.
La letrada ha insistido en que ella esperaba ver al fin en este caso al abogado, pero "desgraciadamente sigue mandando Bretón".
Sánchez de Puerta pide la nulidad del procedimiento "por violación de derechos fundamentales" y considera "nulas" todas las pruebas obtenidas "con flagrante violación de los derechos fundamentales alegados" al tiempo que indica que los hechos "no constituyen delito alguno", si bien Bretón podría tener culpa "in vigilando en la custodia" de los niños, lo que supondría una "simple falta por imprudencia", que no conllevaría pena de prisión.
Esto contrasta con la petición de la acusación particular y la fiscalía, quienes han solicitado por dos delitos de asesinato con alevosía y agravante de parentesco la pena máxima en estos casos, 20 años por cada uno.
