Dieciocho familias que residen desde hace años en el poblado forestal de Mazagón pueden perder sus viviendas por la reclamación de la Consejería de Medio Ambiente, titular de las mismas, quien considera que se está produciendo una ocupación ilegal.
Hoy mismo se ha celebrado en el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Huelva, según ha adelantado ABC, el juicio por desahucio, en el que la Junta de Andalucía es la parte demandante.
Según ha explicado a Efe Diego Romero, uno de los afectados, el caso ha quedado visto para sentencia, por lo que las familias se encuentran a la espera de la decisión judicial que determine qué deben hacer.
Romero ha relatado que ese poblado forestal, situado en las proximidades del Parador Nacional de Mazagón, se construyó tras la Guerra Civil para los guardas del Patrimonio Forestal del Estado y que lo que en un principio eran chozas, sobre 1945 se convirtió en un pequeño núcleo poblacional con la construcción de viviendas, un colegio y una iglesia.
Con el paso de los años y la desaparición del Patrimonio, las casas fueron quedando vacías y "la necesidad" ha hecho que poco a poco distintas familias las hayan ido ocupando, de forma que hay quienes llevan ahí toda la vida y otros que como Romero residen desde apenas dos años.
Este hombre, jubilado de 68 años, se gastó lo poco que tenía y lo que le prestaron en adecentar la vivienda y hacerla su hogar, donde convive con su pareja, y en estos momentos sus ingresos mensuales apenas si alcanzan los 300 euros.
Como él, más personas jubiladas, parados e incluso parejas jóvenes con niños menores de edad han ido llegando al poblado forestal, donde han encontrado una solución a lo que, de otra forma, hubiera sido, "verse en la calle".
Sin embargo, ha relatado, el pasado año, un escrito del juzgado les informó de la demanda de la Consejería de Medio Ambiente ante lo que considera "una ocupación ilegal" de unas viviendas que le pertenecen.
Romero ha indicado que estas familias están dispuestas, para quedarse, a pagar un alquiler social en función de las necesidades de cada uno, y ha criticado que sea la propia Junta de Andalucía "la primera" que los quiera echar "cuando es la que defiende el derecho a la vivienda, redactando leyes incluso para garantizarlo".
Es por ello que este hombre, en representación de todo el colectivo, ha decidido remitir una carta a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, con la esperanza de que se les dé una solución toda vez que otros escritos remitidos con anterioridad a la Delegación del Gobierno andaluz en Huelva "han caído en saco roto" y no han tenido respuesta.
