Los vecinos del centro histórico han iniciado una campaña contra la reserva de plazas de aparcamiento para instituciones públicas o privadas y establecimientos hoteleros, ya que entienden que esta medida limita sus posibilidades de encontrar estacionamiento para sus vehículos y constituye además “otra zancadilla” de cara a lograr el objetivo de la repoblación de esta zona de la ciudad.
En concreto, los vecinos han colocado señales contra este tipo de prácticas allí donde se están llevando a cabo, denunciando de este modo lo que consideran un “privilegio”.
La asociación Centro Histórico ha compartido y aplaudido la iniciativa “que han tenido algunos vecinos” a la hora de señalar los “privilegios” que se están concediendo “a ciertas instituciones públicas y privadas”, entre las que se encuentran diversas “delegaciones del propio Ayuntamiento, el Obispado de Asidonia-Jerez y establecimientos tales como el Hotel Tío Pepe y el Hostal La Gitanilla”.
El colectivo recuerda que el Diccionario de la Lengua española define como privilegio todo aquello que supone “una obligación o ventaja exclusiva o especial que goza alguien por concesión de un superior o por determinada circunstancia propia”.
Al mismo tiempo, el artículo 14 de la Constitución recuerda que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.
Por eso entienden que todas las personas que habitan en el centro histórico son vecinos “por igual”, sin que “deba prevalecer el derecho de unos sobre otros”. En este sentido, se preguntan “¿por qué los trabajadores de las instituciones mencionadas tienen más derecho a aparcar cerca de sus lugares de trabajo que el vecino que vuelve a su casa cargado de compras y paga una tasa de 28,50 euros?”.
Lo mismo ocurre con aquellos que llegan a casa “a las tantas de la noche y ven cómo no pueden usar una plaza de aparcamiento cercana porque está reservada”.
Por último, los vecinos lamentan que tanto las instituciones públicas y privadas como los propios establecimientos hoteleros “no incentiven el uso del transporte público”.
