Las comunidades de propietarios afectadas por las obras de rehabilitación de las viviendas de la barriada de La Asunción han trasladado a Adelante Andalucía su propósito de poner en manos de la Fiscalía Europea el “presunto extravío” de alrededor de un millón de euros de los fondos destinados a la ejecución de este proyecto.
El objetivo de los vecinos es que este órgano ponga en marcha una investigación que esclarezca qué ha pasado con estos fondos, dado que “en los pocos expedientes que se han podido ver” hasta ahora “aparecen trabajos que no se han realizado pero sí se han pagado”, constatándose además que se han sustituido los materiales “cobrados” por otros más baratos, lo que ya ha ocasionado “problemas en toda la barriada”.
Adelante Andalucía ha pedido a la Junta que actúe con la “máxima transparencia” en este asunto, ya que “han pasado meses desde que se prometió una auditoría y la entrega de los expedientes a los vecinos”, que son los promotores de la rehabilitación, y aún no han accedido a ningún documento.
Esta formación política considera “bastante grave” que tanto la Junta como el Ayuntamiento no hayan ofrecido todavía esos expedientes a las comunidades de propietarios, dado que esa “es la única manera de comprar lo realizado con lo facturado hasta ahora”, ya que puede darse el caso de que “se esté perdiendo dinero público mientras los actores implicados permanecen de brazos cruzados”.
Adelante Andalucía ya advertido de su intención de “apoyar” a los afectados “en todo aquello que necesiten” con el objetivo de “desenmascarar todas estas irregularidades”, que además “ponen en juego la salud y el bienestar de la ciudadanía”.
Hace apenas unas semanas –el pasado 18 de julio-, la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta anunció que ya había encargado la auditoría externa que evaluará estas obras. El trabajo se está llevando a cabo en coordinación con el Ayuntamiento y analizará el correcto desarrollo de las actuaciones, la buena ejecución de la subvención concedida con fondos europeos (ITI de Cádiz) y cómo fue la supervisión de los trabajos a cargo de la anterior dirección facultativa.
La Junta informó entonces de que la auditoría arrancaría con un trabajo previo de visita a los inmuebles para el estudio de los 73 expedientes y las hojas de inspección de cada bloque, así como una visita técnica para comprobar las obras realizadas y los posibles defectos o discrepancias técnicas con lo proyectado.
También se comprometió a comprobar las instalaciones ejecutadas en las zonas comunes, desarrollando ensayos de adherencias de morteros en fachadas y de estanqueidad en cubiertas, contemplándose también la inspección de los tramos de saneamiento.
Entonces, la Administración autonómica dijo que tanto el Gobierno andaluz como el Ayuntamiento “se han involucrado en esta actuación más allá del papel que legalmente les correspondía”, recordando que en su caso concreto únicamente era la entidad que concedía las ayudas económicas.
“El Ayuntamiento, como entidad colaboradora, propuso un área de actuación y, a partir de ahí, optaron a esas subvenciones las comunidades de vecinos, que son las que contrataron tanto las obras como la dirección facultativa encargada de velar por su supervisión. Pese a ello, se ha tutelado y asistido en todo lo que han requerido los afectados, a la vista de las dificultades que ha tenido la ejecución de la obra”, aseguró la Consejería.
