Así lo aseguró ayer el abogado Antonio Viñas, perteneciente a la asesoría Asab Consulting S.L., que lleva la causa penal abierta por más de 30 propietarios de viviendas y garajes del citado inmueble contra la empresa promotora por supuesto delito de estafa, al considerar que la firma utilizó sus contratos con los compradores para la ampliación del préstamo inicial con la connivencia de la entidad bancaria.
De este modo, según indicó el abogado, se está a la espera de una notificación que confirme la recepción de este expediente por parte de la Fiscalía, y la decisión de la misma acerca de posibles nuevas implicaciones de personas relacionadas con estas operaciones.
Encarecimiento
El abogado manifestó que los vecinos denunciantes sólo pagarán las cantidades acordadas en un principio con Obranda -hay que recordar que, en el caso de las viviendas, en algunos casos se ha pasado de unos 90.000 euros iniciales a más de 150.000-, y que por el momento no aportarán, de ningún modo, el dinero de más que la posterior ampliación de la hipoteca les impone. Al mismo tiempo, los garajes, cuyos propietarios también están inmersos en el pleito, requieren para la obtención de la licencia de un proyecto de adaptación para cumplir la normativa de Bomberos.
El problema, según Viñas, es que la empresa no tiene supuestamente liquidez para afrontar este proyecto, ni para pagar la ampliación de la hipoteca, lo que dificulta que haya un acuerdo, incluso aunque los denunciantes ganasen el caso. La postura de Caja General de Granada puede ser fundamental para dar solución al caso.
